por Lisandro Martínez
La lista celeste que dirige el Suteba de Lanús ha publicado un comunicado de prensa que es muy educativo en cuanto a las tendencias oportunistas que se manifiestan en la lucha por los DDHH, basando sus oscilaciones de acuerdo a lo que determine la justicia. En este cuadro ha estrechado por ahora -y siempre que el viento corra por el cuadrante leguleyo- su pacto con los especuladores inmobiliarios: “la abogada exitosa”, el intendente y los empresarios amigos de Casa Rosada que seguirían arrasando con las evidencias del CCDTyF que funcionó en Campomar en pos de obtener los 250 millones de dólares.En primer término la lista Celeste acuerda con no preservar Campomar y apoya la decisión de la Cámara de apelaciones dela Plata. La obediencia debida le impide a los miembros de la lista Celeste razonar aun en términos legales, ya que la ley nacional 26691 establece en su artículo 2º que “el Poder Ejecutivo nacional garantizará la preservación de todos los sitios a fines de facilitar las investigaciones judiciales como asimismo para la preservación de la memoria de lo acontecido durante el terrorismo de Estado en nuestro país” Luego esta la ley provincial13.854, cuya autoridad de aplicación fue creada por el decreto 600/07 en vida del finado Kirchner que asegura que se deben preservar los CCDTyF. El seguidismo ciego a la voz de orden mantuvo a los seguidores del “status quo” tres décadas conviviendo con un posible Centro Clandestino de Detención Tortura y fusilamiento sin que atinaran a nada. Hubo de reunir testimonios 36 años después una Comisión de ignotos vecinos por la Verdad que reclaman que se investigue para que la Comisión Provincial por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires sustanciara la causa de no innovar. Cerrando el comunicado la lista Celeste del Suteba dice “queremos dejar claro que hemos apoyado todas las investigaciones realizadas por los organismos competentes en los juicios por la verdad, lo seguiremos haciendo en este caso, con responsabilidad, con seriedad, sin hacer especulaciones e hipótesis que no cuenten con el debido sustento”. Pero precisamente lo que no hubo en Campomar, lo que
faltó, lo que se evito disponer durante 60 días fue una investigación científica promovida por la Justicia. Si se hubiera investigado con los métodos científicos durante esos dos meses los partidarios del emprendimiento especulativo tal vez podrían haber refutado con pruebas los testimonios recogidos por la Comisión de Vecinos de Lanús no lo quisieron hacer, lo evitaron y esto coloca bajo un manto de sospecha todo el proceso y abre una serie de interrogantes que preocupan porque muestran un nivel de maniobras de espaldas a la ciudadanía. Frente a “la responsabilidad y seriedad” conocemos esos ítems desde adentro: el trabajo antropológico y de entrevistar testigos fue impedido desde 2009 por las autoridades constituidas que prohibieron la entrada a Campomar, donde el municipio había instalado una seguridad privada para tal fin. Hace tres décadas y media se conoce hubo más de 15.000 represores para imponer el terrorismo de Estado y con toda la furia a setiembre de 2012 han sido juzgados o lo están siendo sólo 600 de esos 600 sólo han sido condenados 316. El relato choca contra las evidencias, la memoria, la verdad y la justicia. Reclamemos se investigue Campomar con todos los métodos científicos. La cháchara y el leguyelismo no son ninguna prueba.
