por Lisandro Martinez*
Juan José Mussi ha conminado a la Corte Suprema de Justicia: “Si ya no aparecen $650.500.000 no continuarán las obras de saneamiento del Riachuelo”. La apretada contribuiría a apurar la concreción de nuevos créditos internacionales que abastezcan el barril sin fondo de Acumar, organismo que el Ministro de Medio Ambiente dirige.Para una correcta evaluación del problema vale recordar que durante el año 2012 fue apartado de la causa el Juez Armella al descubrirse, muyyyy tardíamente, que el otrora paladín de la justicia, el hombre de confianza de la Corte Suprema, en lugar de ser un contralor de la buena administración y del seguimiento de las obras en ejecución, había organizado varias empresas familiares para monopolizar los trabajos de obra destinados a sanear el Riachuelo y una de esas empresas la compartía desde hace rato con la familia Mussi en Berazategui donde habían montado una Cava ilegalmente ubicada en un barrio residencial. A pesar de todas estas irregularidades manifiestas y que pueden ser investigadas hasta por “el ciego inconsolable del verso de Carriego”, el negocio del Riachuelo no deja de tragar vento aportado por el tesoro nacional y financiado con créditos internacionales que en su momento pasarán a ser parte de la Deuda Externa que pagaremos los trabajadores a través de la imposición tributaria.
Que el proceso de obras es un desborde sin control lo dejó entrever Ricardo Lorenzetti, el titular del más alto Tribunal, cuando tuvo que interrogar a Mussi sobre los controles presupuestarios y de obra que se llevaban adelante sobre las empresas AYSA y Ceamse que fueran subcontratadas por Mussi/Acumar. El inefable funcionario respondió “No lo realizamos porque las empresas los hacen como parte de un plan director” y para gambetear su responsabilidad agregó “Se ha firmado un convenio con la Auditoría General de la Nación para verificar los trabajos” pero cuando estalló el escándalo que transformó a Armella de
ángel a demonio el 2/11/2012, el informe de la Auditoría Gral. de la Nación señalaba que Mussi estaba al tanto de todas las maniobras: “ACUMAR tenía conocimiento de las contrataciones directas realizadas por AySA con Compañía Constructora M&T S.A.”, una empresa que -señaló Despouy- “se creó en 2008 y tenía como capital suscrito $15 mil y capital integrado $3 mil, pero que logró obtener contrataciones del Estado por $130 millones en obras”.
El documento remarca que en todos los casos en “los requerimientos del juez Armella son AySA y Ceamse los que fundan la urgencia/emergencia para las contrataciones directas”. Todo el proceso está viciado de liviandad e insustancialidad del contralor público y la Corte que no aciertan en sumar uno más uno y que el resultado de esa operación le muestre al pueblo argentino que estamos frente a varios pájaros de cuentas que seguramente son operadores económicos de un grupo muy poderoso con lazos profundos en el poder político, especialistas es hacer desaparecer los créditos internacionales.
Insistimos que un fallo como el que emitió la Suprema Corte en 2008 debería haber beneficiado en primera instancia a quienes viven en los márgenes del Riachuelo, víctimas de la contaminación directa del desastre ecológico provocado entre los empresarios que volcaron los desechos industriales y los responsables políticos de las intendencias que en los últimos 50 años han utilizado como cloaca al Riachuelo Matanza, ambos grupos fácilmente identificables y que deberían ser imputados judicialmente.
En 2011 de los $ 800 millones del Plan Integral de Saneamiento Ambiental para la urbanización de villas y asentamientos precarios, el Estado Nacional participó con $ 710 millones o sea el 87, 6%.
En 2012 de los $ 765 millones aprobados por Ley de Presupuesto para la Subsecretaría de Desarrollo y Vivienda de la Nación destinados a acciones de urbanización de villas y asentamientos, sólo se ejecutó el 58%.
Hay en la CABA 1600 familias que no han sido “relocalizadas” a pesar del fallo de 2008 y otras 260 que vivían en los barrios “El Pueblito”, “Magaldi” y “Luján” que fueron trasladadas a viviendas sin terminar y con servicios de agua corriente, gas y luz con cortes diarios.
A 33 familias del “Magaldi” y a 138 del “Pueblito las ubicaron en un complejo habitacional de 10 edificios en Castañares y Portela. en CABA; allí al edificio identificado como “A” no le agregaron concreto en las paredes y corre peligro de derrumbe, viven 9 familias. A los 10 edificios del complejo les proporcionan energía eléctrica con un generador y el agua que deberían abastecerla mediante 7 tanques sólo funcionan 4. La instalación del gas natural tiene pérdidas en 3 de los 10 edificios y se produjo un incendio en uno de los departamentos a consecuencia de falta de material aislante en las paredes.
Los detalles de terminación de las viviendas no tuvieron ningún control de calidad, ni por los contratistas ni por el Estado, hay ventanas mal colocadas, las cerámicas de los pisos están rotas e incluso faltan en las habitaciones. No hay cableado para la electricidad. Un habitante de esas “taperas” señaló que solo terminaron 3 edificios de los 10 del complejo.
En enero 2011 Tawer Construcciones, cuyo directorio está integrado por el hijo y la esposa de Pedro Boullhesen, Presidente de la Cámara de Comercio argentina/canadiense, se hizo cargo de la finalización de obra mediante una contratación directa del Instituto de la Vivienda de la CABA, con un presupuesto de $ 1.780.000; el incumplimiento fue total y verificado por la Defensoría del Pueblo de CABA pero Armella a fines de 2011 le aprobó a Tawer en otra contratación directa la edificación de 320 viviendas para “trasladar” personas de Villa 21 a Iguazú 1800. Entre mayo y octubre de 2012 a Tawer le rechazaron 147 cheques sin fondos por $ 3 millones (Plazademayo.com).
La desaprensión de los Bróker de la contratación directa -que responden al FPV y al PRO- que asolan al Riachuelo, la desidia de los jueces que aplican el siga y siga, tuvo su continuidad cuando Mussi aprobó que se desviaran fondos de la Secretaría de Medio Ambiente para alimentar la farsa de Fútbol para Todos.
Juicio y Castigo bajo control obrero a los responsables judiciales, políticos y prácticos del saqueo y el abandono de personas.
(*) Miembro del Partido Obrero
