lunes, 4 de marzo de 2013

Juicio Ferreyra: el Estado trabaja para rescatar a los culpables


por Lisandro Martinez*

lisandromartinez47@yahoo.com.ar

El juicio a Mariano no es el primero en que el Estado trabaja por dar impunidad a criminales y planificadores. Desde la dictadura el Estado no abandona a los que hicieron la tarea sucia de encarcelar, torturar y hacer desaparecer a la oposición política. En este juego pendular puede ocurrir que se entregue alguna cabeza ya muy desprestigiada pero lo que se impide conocer es que la acción criminal fue un pacto donde el Estado se empeño en proteger y dar la mejor coartada a los responsables a los que reserva en caso de que haya una próxima tarea a desenvolver.  

La famosa frase presidencial “Buscaban un muerto” pretendió establecer un terreno que convirtiera a victimarios en victimas. Otra “La bala que mató a Ferreyra rozo el corazón de Néstor”) igualó la muerte de un enfermo cardiaco crónico al asesinato de un pibe. El gobierno busco despegarse de sus principales socios comerciales de la Unión Ferroviaria que habían establecido con la Cooperativa –trucha- Unión del Mercosur el precio más bajo de la mano de obra tercerizada con  una cooperativa que nunca distribuyó ganancias entre sus asociados a pesar que del 2007 al 2010 facturó $30 millones. La mano de obra era cero porque la pagaba la Empresa fiduciaria Belgrano S.A. a través de subsidios.

 En ese cuadro de “socios igualitarios” se difundieron las declaraciones de la Presidenta para mitigar el escándalo político abierto “en el ferrocarril no habrá más tercerizados”. Esta sentencia fue rebatida por el Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Transporte y la UF quienes impidieron durante 4 meses que pasaran los tercerizados a planta mientras “la abogada exitosa” estaba ridículamente pintada y no daba pie con bola frente a las
componendas del aparato judicial, ministros y secretarios de Estado. 

Para que eso sucediera el gobierno a 24 horas del crimen se jugo entero para embarrar la cancha donde se debía establecer las responsabilidades penales y llevó ante la fiscalía a un falso arrepentido de la patota agresora llamado Alejandro Benítez que fue identificado por testigos que lo vieron armado y a la cabeza del grupo de la lista Verde en camino a concretar el escarmiento criminal.  

Esto a pesar de ser tratado en presencia del Tribunal del juicio oral y publico, lo único que desato por parte de los jueces fueron miradas perdidas, flema británica e inacción frente a la bomba del testimonio del albañil Alberto Esteche que almorzaba en una parrilla cuando se produjo el ataque “vi a dos personas haciendo ademanes de ocultar algo en la cintura y por la forma creo eran armas. Uno de ellos, una persona medio norteña; el otro -que lo señaló en un video que le mostraron en la audiencia- era Benítez, “el arrepentido” (14/9/2012 causa 40.825/2010)

La testigo Andrea de Yulis, ex esposa de un ferroviario señaló “Reconocí a Alejandro Benítez por las imágenes de la televisión. Es de la lista Verde, de Pedraza. Estaba al frente del grupo de los que atacaron a los tercerizados y a los del PO” (10/10/2012 causa 40.825/2010) 

El pase de los tercerizados tiene sus escuchas: el Ministro Tomada aconsejando a Pedraza que aplique mano férrea a los tercerizados que ingresen para garantizar obediencia. Fernández con Héctor Messineo (ex burócrata sindical ahora Jefe de Personal de UGOFE) donde deciden apurar el ingreso de cientos de elementos propios seleccionados por intendentes para asegurar la continuidad de la Verde. 

“Las escuchas revelan el dominio de Fernández sobre la “cooperativa”, dando órdenes directas a gerentes de UGOFE sobre que tareas dar a empleados que ingresan al ferrocarril. La burocracia bloqueaba el pase a planta de tercerizados. Fernández dice: “el tema no es que (los opositores gremiales) nos ganen las elecciones, porque eso les va a costar mucho trabajo sino que esto es como el subte: se juntan 50 tipos y forman un sindicato, piden personería y si no se la das, cortan la vía”. Messineo, le responde que él es partidario de “rajar a Hospital y a Merino”, dirigentes de la agrupación Causa Ferroviaria, con la que colaboraba Mariano. (www.marianoferreyra.com.ar 15/1/2013 Juicio Oral TOC 21) 

El abogado Carlos Froment defensor del genocida Eduardo Viola fue contratado por la UF para la defensa de la patota y sus jefes, él junto al abogado Alejandro Freeland antiabortista declarado y defensor de “justicia por mano propia” (Perfil 16/3/2012) argumentó en el TOC 21 que el 20/10/2010 una “horda de piqueteros querían delinquir cortando las vías con palos y gomeras” 

Froment alegó por la libertad a Pedraza el 1/3/2013 que se anulen como pruebas las escuchas telefónicas judiciales, porque en una hablan el abogado de UF Juan Rosauro Araya y  el “gallego” Fernández. Froment dice se viola el derecho a defensa ya que uno es abogado y el otro imputado.

Lo que no dice el sujeto es que Araya, era funcionario gubernamental Presidente de SOF SE que controlaba las líneas concesionadas. Araya es parte activa de la banda de vaciadores y malversadores de subsidios fue designado en su cargo por Pedraza y aparece telefónicamente negociando la defensa de 7 detenidos por el crimen de Barracas. Araya en las escuchas contrata a un abogado (Froment) y le requiere “al menos dos abogados más para los muchachos” y habla de “sacar todo” antes de el allanamiento a la Sede del Sindicato de la UF. (Perfil 16/3/2012).

La dirección legal que representa a Pedraza, la Policía y su patota esta orientada por defensores del aparto de represión popular, Froment, Freland, Viviana Corbacho.

 La absolución pedida por la fiscalía para Pérez y Uño a quienes el tribunal puso  en libertad aunque fueron señalados por un testigo imparcial (José Sotelo) retirando las armas luego del ataque. Pérez fue uno de los que evitaron se filmara la agresión. La maniobra debilita fuertemente la acusación de que el asesinato de Ferreyra y el ataque fue el resultado de un plan criminal en defensa de los negocios y del dominio burocrático sobre la UF. 

La absolución de Pérez y Uño abona el camino para reflotar la figura del “abandono de persona” para la policía. La intención final es impedir la imputación de ministros y secretarios de Estado y los concesionarios que malversaron subsidios, aportaron pistas falsas y dejaron correr el ataque Así se preservan las principales figuras del gobierno.
  (*) Integrante del Partido Obrero