por Omar Dalponte
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Muchos de quienes ejercen funciones en la justicia argentina -nos referimos a una buena cantidad de jueces, no a todos- evidentemente no gozan del prestigio que deberían exhibir ante la sociedad. Al contrario, sobre ellos hay una opinión muy negativa y la afirmación popular de que muchos jueces son los responsables de que los delincuentes “entren por una puerta, y salgan inmediatamente por otra para seguir con sus delitos” hoy, en nuestro país, es moneda corriente.
Ahora, el fallo firmado por seis ministros del máximo tribunal, con la disidencia del séptimo magistrado, Eugenio Raul Zaffaroni, impidiendo que mediante el voto popular podamos elegir a los integrantes del Consejo de la Magistratura, enfrenta a la Suprema Corte con el Poder Legislativo, pues la ley afectada fue aprobada por el Parlamento Nacional. Asimismo profundiza los desencuentros de la Corte con el gobierno nacional y lo más lamentable aún es que, habiendo adoptado una medida totalmente antidemocrática, cercena la posiblidad de que el pueblo se exprese libremente en las próximas elecciones.
La oposición, en cualquiera de sus variantes, festejó el fallo interpretando que la Corte Suprema le provocó al Gobierno un duro revés al confirmar la inconstitucionalidad de cuatro artículos clave de la ley que reformó el Consejo de la Magistratura, dejando sin efecto la convocatoria a elecciones para los abogados, jueces y académicos que deben integrar ese cuerpo de acuerdo a lo establecido por la ley 26.855 ahora declarada inaplicable.
Sabido es que en política no siempre las cosas son como parecen ser. Y este fallo, que según nuestra opinión va a contrapelo de las aspiraciones de un importante sector de nuestro país, con el correr del tiempo -suponemos- resultará favorable al kirchnerismo. Veamos por que nos atrevemos a opinar en este sentido: (a) Cada vez que ocurrió una aparente derrota, el kirchnerismo peronista renovó sus fuerzas y contraatacó con mayor vigor y efectividad (b) En plena campaña electoral la Corte puso a disposición del Gobierno y de sus aliados la posibilidad de vertebrar un discurso en favor de la democracia, señalar la complicidad del Alto Tribunal con la corporación judicial y destacar que ésta ocupa un lugar en la vereda de la oposición y de los sirvientes de los poderes económicos y financieros (c) Actualizó el reclamo por una reforma constitucional y facilita, para este fin, obtener un mayor apoyo en la base de la sociedad que repudia las decisiones antidemocráticas de la Corte (d) El fallo pone en bandeja para el kirchnerismo la comida que más le gusta: tener enfrente a un adversario de
peso que le permita avanzar políticamente convocando al pueblo, especialmente a los sectores juveniles, a la épica por la transformación de la República profundizando el proyecto nacional y popular en marcha. (e) La Corte Suprema, al avasallar una ley votada por ambas cámaras legislativas queda, ante los ojos de gran parte de los argentinos, como un ramillete de viejos conservadores que mantiene privilegios irritantes en favor de la familia judicial que no paga impuestos y se eterniza en sus funciones. El Dr. Carlos Fayt es una muestra vergonzosa de la perpetuidad y extrema ancianidad trabajando en la justicia. Según nos informan, Carlos Fayt cumplió 95 años, y como si esto fuese poco, está casado con la señora Margarita Escribano, hermana de José Claudio Escribano, miembro del directorio del diario opositor La Nación. ¿Funcionan adecuadamente las neuronas de un hombre casi centenario cuya obligación es resolver sobre la vida y hacienda de millones de personas?. ¿Un hombre ya debilitado por el paso del tiempo no es presa fácil para un medio de comunicación poderoso como es La Nación, en cuyo grupo de alto nivel toma decisiones un pariente muy cercano suyo?. Preguntamos nomás...
No hace bien a la democracia que el Poder Judicial avasalle la voluntad popular. Los fallos antipopulares sólo benefician a los que pretenden someter a las grandes mayorías y en nuestro país los antecedentes abundan. Tampoco es novedad que un gobierno peronista deba enfrentar actos destituyentes, y no sería extraño que en algún momento haya quienes pretendan repetir acciones mediante las que intentaron torcer el rumbo de la historia.
El 19 de septiembre de 1945, en la Plaza del Congreso, la Junta Coordinadora Democrática, presintiendo que estaba llegando el “huracán de la historia” con Perón a la cabeza, realizó la “Marcha de la Constitución y la Libertad” en la cual la oligarquía y sus alcahuetes gritaban: ¡El Gobierno a la Corte!. En un arrebato histérico pedían que la Corte se haga cargo de los destinos del país. También en aquel tiempo, el Colegio de Abogados y la Federación Argentina de Colegios de Abogados hicieron una huelga en Tribunales para “Reclamar la pronta normalización institucional del país y la entrega del Gobierno al presidente de la Corte Suprema”. Teniendo presente como piensa y actúa la corporación judicial, ¿sería descabellado pensar que estos recuerdos pueden alentar los deseos de algún sector de la oposición según sea el resultado de las próximas elecciones?. Hay que tener en cuenta que la oposición al kirchnerismo carece de liderazgos capaces de competir democráticamente y por ahí, ven en Ricardo Lorenzetti, presidente de la Corte Suprema a quien parece que no le faltan ganas de llegar a la Primera Magistratura, un mascarón de proa apto para todo servicio. Todo puede ocurrir en esta Argentina donde los odios opositores no son pequeña cosa.
De todas maneras uno piensa que tal como están dadas las cosas y conociendo la calidad de nuestro pueblo, el reciente fallo de la Corte contrariando los anhelos de quienes aspiramos a la modernización y democratización de la Justicia, aumentará el desprestigio que hoy desmerece a muchos jueces y aumentará el apoyo popular al gobierno de Cristina Fernández.
Probablemente, la Corte Suprema haya cargado un arma que, al final, podría ser disparada a sus propios pies. Ya veremos.
