por Lisandro Martínez
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El gobierno K mientras “cuida” los precios de la cebolla y el perejil estafa a la nación pagándole a Repsol SA, por la expropiación del 51 % de las acciones de YPF, u$s 5.000 millones y se obliga a entregarle u$s 1.000 millones más si el valor de los bonos cae. Por el contrario –quien manda- Repsol, considerará efectivo el pago sólo cuando ingrese el efectivo en caja.
Los K darán garantías bancarias al pago total. Aplicarán una tasa de 8,75% en dólares. Sólo los intereses que irá percibiendo Repsol hasta el año 2020 serán iguales a las utilidades que recibía antes de la expropiación, cuando aplicaba la fórmula clásica de los privatizadores: vaciamiento y desinversión.
El re-endeudamiento alcanza a más de u$s 11.000 millones, por una empresa que el “marxiano” Kicillof dijo “no habría que pagar un peso”.
Repsol ha sido rescatada con una hipoteca que pagará el pueblo. Cuando el Congreso trate la ampliación de deuda, que obligatoriamente debe pasar por él, será bajo la extorsión de un acuerdo ya firmado y bajo control de la empresa que hizo perder las reservas petroleras y gasíferas argentinas. La subordinación de los K significa la pérdida de autonomía nacional y pone de rodillas al país, al gobierno y al Congreso, bajo la dictadura de una petrolera extranjera.
Si considera que hay problemas en el cobro, Repsol queda habilitada para ir de nuevo al arbitraje internacional, por lo cual el retiro de todos los procesos abiertos contra la Argentina ante la corte internacional, el Banco Mundial, CIADI, así como en los tribunales de España, Argentina y EEUU, tienen sólo un efecto suspensivo.
Repsol no sólo se ha asegurado el cobro de los u$s 5.000 millones, sino también de los
intereses de la deuda a 10 años, a una tasa leonina del 8.75 % anual, mientras la tasa a 10 años de la Reserva Federal de EEUU es 2.73 % y la tasa de préstamos de los bancos de EEUU y UE está en el 0.25 % anual. Los u$s11.00 millones de capital e intereses, representan cinco veces los u$s 2.200 millones que cotizaban estas acciones en 2013. La suba especulativa de las acciones de Repsol tuvo como contrapartida el aumento del 80 % de las naftas, una medida con la que los K encausaron los acuerdos con Chevron, Down Chemical y Repsol. Esto incluye tarifas de combustibles en dólares y a precio internacional.
El respaldo del pago total de la deuda con garantía estatal forma parte de los usos y costumbres de los entregadores del erario nacional y comprometerá las reservas del Banco Central.
No es el estado argentino quien debe indemnizar a Repsol sino Repsol al Estado argentino.
Repsol compró YPF en 1999 por u$s15.000 millones –u$s 44.78 por acción–; esta operación fue calificada “el último gran acto de corrupción menemista”. Se hizo un acuerdo a precio vil, con bonos de la deuda y desguazando la flota e instalaciones de YPF. Esta entrega fue acordada por todos los accionistas de YPF, locales e internacionales, incluidos el Estado nacional y la provincia de Santa Cruz gobernada por Néstor Kirchner, que aceptaron la oferta y vendieron sus acciones. Para consumar la estafa Repsol endeudó dos veces su patrimonio y descargó la deuda sobre YPF y el país. Repsol (actuó como Roggio, Romero y Cirigliano) se limitó a explotar las reservas descubiertas durante la administración estatal sin inversión alguna y giró al exterior el 90% de las ganancias de YPF pagadas como dividendos. La no inversión de utilidades de parte de Repsol entre 2007 y 2011, según datos de la Comisión Nacional de Valores, implicó un vaciamiento de u$s 16.000 millones. Luego de 10 años dejó la empresa con sólo la tercera parte de las reservas de petróleo y menos de la cuarta parte de las de gas, con una producción anual de petróleo reducida en un 50% y un déficit energético que se lleva entre u$s 12 y 16.000 millones al año.
Recordemos que no se trató de un rayo en cielo sereno. En ese mismo año 2007 de la “argentinización”, un 24 de mayo fue aprobada por la Legislatura de Chubut y con el voto de los justicialistas, casi todos los radicales y el visto bueno de la provincia de Santa Cruz y el gobierno nacional, la prórroga hasta 2047 de la concesión del yacimiento petrolífero más importante de Argentina, que es Cerro Dragón, en beneficio de Pan American Energy, perteneciente en ese tiempo a la British Petroleum y a Bridas, del grupo Bulgheroni. La explotación de Cerro Dragón vencía en 2017 y se cedió su explotación por 40 años, es decir hasta su extinción. En 2006 y a impulso de los “nacionales y populares”, se continuó con la política menemista de entrega de los recursos petroleros.
La historia de la burguesía nacional es de entrega al imperialismo de los recursos naturales; en mayo de 1955 Perón firmó el decreto 6.688 favoreciendo a la Compañía California Argentina (Standard Oil de California). Mediante ese instrumento presidencial los imperialistas gringos establecieron un precio mayor al del petróleo importado. El gobierno de Juan Domingo Perón entregó una extensa franja de territorio donde Standart Oil tenía –como hoy Chevron- autoridad jurisdiccional (no había otra ley que la de Chevron, perdón, Standard Oil). La decisión tuvo duras críticas del oficialista John William Cooke, quien señaló que se había violado el art. 40 de la Constitución de 1949 que señalaba el carácter inalienable e imprescriptible de los derechos soberanos de la Nación sobre sus recursos naturales. A la violación de los derechos soberanos se los califica como traición a la patria.
Luego vinieron los contratos de Frondizi y la privatización menemista. En 1992/93 “El” y “Ella” fueron los más devotos privatizadores de YPF acompañando el vaciamiento de Repsol y después propiciaron la “argentinización” de YPF (verdadera reprivatización), coronada ahora con el acuerdo con Chevron -desconocido en sus términos-, donde la multinacional recibirá ingresos hasta después de concluido el contrato.
Para acabar con las ilusiones, “Ella” en su mensaje del 1/3/2014 presentó como ventajosa la indemnización a Repsol.
En los últimos 5 años se han fugado u$s 80.000 millones del país, esto prueba que Argentina genera un ahorro nacional que bajo un gobierno de trabajadores sentaría las bases de una industrialización genuina comenzando por la nacionalización integral de la industria petrolera.
(*) Integrante del Partido Obrero
