por Lisandro Martinez*
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El 31/1/2009 Luciano Arruga de 16 años fue chupado por la policía de la comisaría de Lomas del Mirador. “A Luciano le habían ofrecido armas, autos y dejarle liberadas algunas zonas para que cometiera robos bajo ‘protección’ policial. Como se negó, lo detenían sistemáticamente. Lo golpeaban en la comisaría y lo amenazaban diciéndole que iba a aparecer en un zanjón” (La Nación 31/1/2014).
En marzo de 2014 el gobierno de PBA, a través del ministro de Seguridad Alejandro Granados, permitió que 8 policías que en 2009 desaparecieron a Arruga retomen sus funciones. Granados decidió quitar la sanción a Néstor Díaz, Ariel Herrera, Fecter, Daniel Alberto Vázquez, Martín Monte, Damián Sotelo, José Márquez y Hernán Zeliz. La decisión fue un mensaje político, en consonancia con el pedido de Cristina de regular las protestas sociales y consolidar la condena a perpetua de los trabajadores petroleros de Las Heras que pelean contra el impuesto al salario, acusados falsamente de un crimen.
En 2011, luego de 10 días de rastrillar Villa Tesei con ¡2000! efectivos de la policía, Scioli tropezó “con la bolsa de plástico oscura que contenía el pequeño cuerpo desnudo, desfigurado y brutalmente asesinado de Candela Rodríguez, el gobernador sólo atinó a musitar: “Dios mío” (La Nación 1/9/2011).
Cristina y Scioli se comprometieron frente a la mamá de Candela “en ir hasta las últimas consecuencias”. Veintiocho meses después no se avanzó nada porque la venta de narcóticos, secuestros extorsivos y asesinatos involucran a la policía y a los delincuentes organizados alrededor de la comisaría.
En diciembre de 2012 la justicia ordenó allanamientos por una denuncia.
“En Florencio Varela, ordenaron la captura del comisario Rubén Juárez y de 4 yutas acusados
de robo en poblado y en banda, privación ilegítima de la libertad y extorsión; todos están prófugos ya que “habían detenido ilegalmente a piratas del asfalto y extorsionado a un campesino de Glew, a quienes cobraban cuotas por hacer la vista gorda. Juárez aún no apareció y es buscado al igual que los otros 4 policías, entre ellos el jefe de calle Matías Pozzer. Son 6 los buscados, sólo uno fue detenido en el marco de varios allanamientos”.
“Por la misma denuncia en Olivos se desarticuló un prostíbulo y se allanó la Comisaría 1ª de esa localidad; 3 personas quedaron tras las rejas, entre ellas el oficial Maximiliano Moreno que actuaba como jefe de calle. El subcomisario facilitaba la actividad del prostíbulo vip que se promocionaba por internet” (La tecla 18/4/2013).
El 5/4/2014 Scioli, candidato de CFK para 2015, decretó la emergencia de seguridad en PBA por 12 meses a raíz dijo del “ataque cruel y salvaje de una delincuencia con características violentas sin precedentes y que demanda respuestas integrales del Estado”. Convocó a sesión permanente del Consejo de Seguridad, anunció la creación de 10 fiscalías antinarcóticos, un presupuesto extra de $600 millones para equipamiento policial y la convocatoria inmediata del personal retirado de la policía y del servicio penitenciario. Scioli señaló “Buscamos que 40 mil agentes de seguridad privada se incorporen a la red de prevención, queremos la ley para la creación de las policías municipales”, y afirmó que “la incorporación inmediata de personal retirado” pondrá en la calle a 5 mil efectivos. Dispuso, asimismo, la ampliación de los comandos de prevención a 42 municipios, la adjudicación del servicio de emergencias 911 para toda la provincia y la construcción de 8 alcaidías y 4 cárceles para alojar a 3000 detenidos, la utilización de nuevas tecnologías para la detección de patentes y un software de botón antipánico para celulares desarrollado por la compañía Provincia Seguros.
El estólido vocinglero anunciador de disparates pretende:
1. Con la creación del Consejo de Seguridad hacer realidad la premisa de Perón “cuando no sepas que hacer inventa una comisión”; en este caso el pomposo consejo también tendrá su presupuesto especial pagado por los contribuyentes y del que se aprovecharán las distintas fuerzas que lo compongan.
2. Otro gasto inútil: 10 fiscalías antinarcóticos, cuando es público y notorio que los prostíbulos, a los cuales sólo hay que señalizarlos, están ubicados en los barrios céntricos de cada municipio y son boca de expendio de la droga.
3. Endeudar o saquear por nonagésima vez al Banco Provincia extrayendo $600 millones que van a ser desviados y pasarán a engrosar el agujero negro de la corrupción.
4. Con la convocatoria inmediata del personal retirado de la policía y del servicio penitenciario que suman 5.000 más la incorporación de 40.000 agentes de seguridad privada, ampliar los Comandos a 42 municipios y la creación por Ley de la Policía Municipal. Scioli intenta instalar un régimen de libertad vigilada contra el ciudadano e impedir y criminalizar la protesta social que explota diariamente por los excesos policiales y las tropelías de las zonas liberadas para los delincuentes que están mejor protegidos que los precios.
5. Dar negocios a la patria contratista con la construcción de 8 alcaidías y 4 cárceles y la entrega de clientela cautiva a Seguros Provincia para que explote la instalación de un software de botón antipánico para los celulares de la previamente aterrorizada población.
6. Este anunciador serial dejó para el final la iniciativa más desopilante que es la base de sustentación de la inseguridad pública y la zona liberada: propone la adjudicación del servicio de emergencias 911 para toda la provincia.
Los anuncios de Scioli no pasaron la prueba del delito organizado desde la Comisaría. Exactamente 15 días después de los anuncios de Scioli la poli dejó impresas sus huellas dactilares en el asalto y secuestro de toda una familia durante 2 hs. en Wilde y donde los delincuentes asesinaron además a Javier Gallardo pegándole 3 tiros en la cabeza. El 911 liberó la zona y el rastreo de patentes no se puso a funcionar entre socios.
Está en el banquillo de los acusados la organización social responsable de lo que ocurre.
El control de las Comisarías debe estar en manos de los vecinos. Los jueces y las fuerzas de seguridad deben ser electos y revocables por el voto popular y responsables frente a los ciudadanos.
(*) Miembro del Partido Obrero
