por Lisandro Martínez*
lisandromartinez47@yahoo.com.ar
En Lanús, por graves irregularidades en la ejecución del aliviador de la calle Warnes, se pidió que se interpele al secretario de infraestructura José Fernández Dortona. Esta iniciativa del HCD es un callejón sin salida ya que la Comisión de Obras Públicas del “honorable” está presidida por la cuñada del intendente, Luciana Augustavicius.
La malversación de fondos y la desinversión son el deporte nacional. El ministro de Planificación Julio De Vido provocó desde 2003 una afiebrada disposición de obras de todo tipo, con poco control, propagandizando los presupuestos de varios ceros y encajando las obras en las cifras. Nunca importaron las formas. Lo que se persiguió es el crédito internacional. Luego no se controló la ejecución de obras, rutas, viviendas, etcétera, que fueron objetadas por el material utilizado y por la posterior falta de durabilidad. Es un clásico que en rutas y viviendas a poco de finalizadas hubo que hacer reparaciones. La intoxicación de anuncios propalados como “gobierno de obras” es la zanahoria de una impostura con pies de barro. Cubrir de cemento cada porción del municipio más que
enaltecer la gestión, la coloca bajo la lupa de la sospecha mientras los contribuyentes carecen de medios y de “representantes directos” para controlar las cifras millonarias involucradas.
Desde 2003 el gobierno tuvo una política: la concesionaria del corredor vial 3, vinculada a la empresa K Electroingeniería, accedió al negocio por decreto presidencial Nº 1007 30/10/2003 y operando la ruta 9 recibió $376 millones. A poco de andar fue acusada de irregularidades y falta de obras, motivo por el cual se le aplicaron multas por $10 millones y solo pagó $112 mil. (LPO 1/3/2009)
La Auditoría General de la Nación (AGN) señaló entonces que “el 67% del dinero que las empresas de concesión vial destinan a obras es para corte de pasto”.
Hubo tres informes -dos de la AGN y uno de la Sindicatura General de la Nación (Sigen)- que detallan obras de mejoras que no se hicieron. Entre esas hay obras clave en materia de seguridad, como las del “aquaplaning”, que es la falla asfáltica que hace que con acumulación de agua los autos se deslicen. Especialistas aseguran que el 15 o el 20% de siniestralidad en rutas es por esta cuestión. (LPO 1/3/2009)
Un dato ilustrativo de la conformación del negocio de las obras es que los funcionarios han ocupado lugares estratégicos para que no se distraiga una moneda.
José F. López, quien es el secretario de Obras Públicas y además es presidente de la Asociación Argentina de Carreteras (AAC), es el segundo de De Vido y está investigado desde hace rato por distintos sobreprecios y estafas con la obra pública. “López siempre estuvo sospechado de haber utilizado la construcción de viviendas como una herramienta para premiar o castigar a gobernadores e intendentes, algo que De Vido también ejercita cada vez con menos disimulo. Fue, además, uno de los inspiradores de la construcción encarada por la Fundación Madres de Plaza de Mayo”. (La Nación 17/9/2013)
“Una de las causas la inició el fiscal Luis Comparatore y pidió investigarlo a raíz de un contrato de más de $ 100 millones para llevar a cabo las reformas del edificio donde funcionan los Ministerios de Salud y el de Desarrollo Social”. (www.infobae.com.ar 18/4/2014).
La AAC es una cáscara y cobertura de una actividad de bisagra entre los proyectos, el PEN y el Banco Mundial. En 2003 generó un documento llamado Plan Estratégico de Seguridad Vial, con la finalidad de construir 10.000 km de autopistas y rehabilitar líneas férreas (Proyecto de Declaración: Exp 5349-D-2014 07/07/2014).
Para ampliar más el horizonte de los negocios con clientela cautiva y las nuevas obras públicas, diputados del FpV presentaron un proyecto en la Cámara Baja para saludar la concreción del XVII Congreso de la AAC donde se reunirían los explotadores del negocio de ampliación y extensión de rutas. Ese Congreso es el lugar donde se van a trenzar negocios como los ya denunciados y es la expresión más significativa del incremento de la inseguridad vial en la Argentina.
2009 hubo 7885 muertos-Promedio diario 22 muertos- Promedio mensual 657
2010 hubo 7659 muertos-Promedio diario 21 muertos- Promedio mensual 638
2011 hubo 7517 muertos-Promedio diario 21 muertos- Promedio mensual 626
2012 hubo 7485 muertos-Promedio diario 21 muertos- Promedio mensual 624
2013 hubo 7896 muertos- Promedio diario 22 muertos-Promedio mensual 658
(Luchemos por la vida, www.luchemos.org.ar/es/estadísticas)
Por parte de los funcionarios lanusenses no hay más que emulación de la conducta de indiferencia criminal sobre la precariedad de las obras terminadas, con el consabido peligro para la vida de los vecinos que manifiestan los altos funcionarios nacionales investigados y sospechados de sobreprecios y otras inconductas que fueron motivo para iniciarles causas.
En Villa Jardín las obras del aliviador, según el Foro Hídrico, están paradas y todo indica que van a desagotar en el Riachuelo ya que no existe cámara predispuesta a recibir los líquidos cloacales. Las denuncias señalan que se intenta justificar la desaparición de $20 millones con esa obra insuficiente y trucha.
“El HCD aprobó una obra cuyo costo final nadie conoce” (La Defensa 27/8/2014). Esto indica que con el voto de la mayoría del concejo se habilitó un presupuesto abierto a la voracidad de los ejecutores de presupuestos.
Si al número imprevisto manipulado por el funcionariado se suma que la mano de obra es en negro y además se agrega que si la obra funciona la descarga contaminadora de aguas servidas va al Riachuelo, estamos en presencia de tres delitos: 1. Peculado y malversación de fondos públicos. 2. Utilización de trabajo en negro para obras públicas. 3. Contaminación del Riachuelo por obras cuya planificación es desacertada y una conducta violatoria del Intendente que está comprometido por el fallo de la Suprema Corte a cuidar el Riachuelo y su descontaminación.
No se puede seguir invitando al zorro a cuidar a las gallinas. Las obras públicas deben ser monitoreadas por los vecinos y los obreros en todos sus aspectos. Comisiones de vecinos elegidos por asambleas (si no queremos que sigan esquilmándonos), deberán fiscalizar presupuestos, proyectos, obras y el final de obra; la asistencia técnica deberá provenir de los profesionales de la universidad pública.
Cualquier mediación donde participen los responsables históricos del saqueo va a agravar la situación.
(*) Miembro del Partido Obrero
