por Lisandro Martínez*
lisandromartinez47@yahoo.com.arEl voto popular que llevó a concejales y diputados del Frente de Izquierda a municipios y legislaturas del país ha instalado la incomodidad que el modesto “aluvión” provocó en todas las bancadas preestablecidas perturbadas en sus manejos de acuerdos espurios de espaldas a la ciudadanía. El negociado y el toma y daca con que se mitiga cualquier denuncia como sucedió con “la Banelco”, tiene ahora a verdaderos aguafiestas que con el método de la convocatoria a las víctimas invita a las mismas a reflexionar y a abocarse a las tareas históricas que modifiquen su existencia tomando en sus manos los problemas.
Lanús donde defiende a Grosskopf (Grupo Chateau-Corporación Puerto Madero-Nuevo Alsina-Centro Clandestino Campomar). La lista es larga y se extiende por toda la cuadrícula del país.
Los representantes de la izquierda revolucionaria son minoría pero establecen opiniones genuinas por la óptica con que miran la realidad que no es más ni menos que a través de las necesidades de los trabajadores.
El 11/06/2014, con la legislatura de Córdoba rodeada por un extraordinario operativo policial, se aprobó la llamada “Ley Monsanto”. Una Ley a la medida de los envenenadores cuya instalación es resistida por la lucha de la Asamblea Malvinas, Lucha por la Vida y varias organizaciones.
La banca del FIT no sólo fue la única en denunciar y rechazar esa ley, sino en presentar un proyecto para declarar la emergencia ambiental en Córdoba, un reclamo sostenido por el conjunto de las asambleas. Con el aval de la UCR y juecistas, y una brutal represión hubo 26 detenidos salvajemente golpeados, la ley dio paso a un estudio “dibujado” de impacto ambiental y a una consulta popular trucha. Luego la UCR apoyado por Unión por Córdoba pidió una cuestión de privilegio contra la legisladora Cintia Frencia (PO/FIT) pretendiendo sancionarla como responsable de los incidentes que se producían en las puertas de la legislatura. Sin dudas que el ataque al FIT en la legislatura de Córdoba no es aislado.
Con falsas imputaciones sostenidas por legisladores radicales y sin pruebas, De la Sota utilizó el poder que le otorga ser gobernador para acusar a Cintia de “señalar legisladores para que sean golpeados por los manifestantes” (sic) que rechazaban la aprobación de la ley de Ambiente”. Cintia, intimó a De la Sota a que en el término de 24 horas se rectificara de las declaraciones falsas, injuriosas y difamantes contra su persona, efectuadas a un programa televisivo de gran audiencia.
El ataque de De la Sota contra Cintia es la criminalización por los “demócratas” de una orientación social que les imputa con pruebas en la mano mantener relaciones carnales con los expropiadores públicos. El Proyecto X, la presencia de Milani al mando del Ejército y de la SIDE paralela se conjuga con verborragia cavernaria y las patotas criminales de los burócratas sindicales como Pedraza o Pignanelli del Smata que reclamó que Pitrola no tiene nada que hacer en las movilizaciones obreras. Contrariamente es en el movimiento popular y en la denuncia a todos los agravios de los explotadores donde abrevan los diputados obreros que defienden las reivindicaciones y actúan en estrecha relación con los trabajadores amplificando la denuncia de la impostura de los “demócratas” alcahuetes.
Para la misma fecha se producía una huelga general de varias semanas de los docentes en Salta que fueron acompañados por la bancada de diputados y concejales de varias localidades del PO. Entonces, Claudio Del Pla, fue sancionado por la cámara por marchar con los docentes. La sanción pretendía viseccionar la lucha popular entre lo sindical y lo político, un viejo recurso de la triple A. Como respuesta al dislate la Asamblea general de los docentes en huelga proclamó a Del Pla como su vocero.
Un método similar fue utilizado contra Andrea Ruiz diputada del PO en Santiago del Estero, los punteros pretendieron acallar la protesta contra la represión al movimiento popular y la aplicación de la Ley antiterrorista a un periodista sancionando a Andrea.
El concejal F. Telera en Mendoza denunció la trenza kirchnerista/UCR y el llamado “dietazo” (suba delirante de la dieta a concejales) y apoyó la investigación sobre el “sorprendente” aumento del patrimonio del intendente de Guaymallen, Luis Lobos. A Telera los “demócratas” pretenden sancionarlo. Con motivo de esa crisis incluímos en el programa para las próximas elecciones el planteo de la revocación de mandatos y la igualdad salarial entre representantes políticos y trabajadores.
A Silvia Colque concejala de Metán, Salta, intentaron el PJ, la UCR, el PRS (partido de la dictadura militar) y el Frente Plural, expulsarla del concejo con un juicio trucho tras su denuncia de aumentos discrecionales en las dietas de concejales y funcionarios. La centenaria UCR propuso mediante ordenanza de Ley “castigar a los medios de prensa que le dan micrófono al PO”. Ya hay una campaña popular en marcha por “abajo el impuestazo”.
En la última sesión ordinaria 11/12/2014 en la Legislatura de CABA, cuando se debatía la entrega de tierras públicas del Parque de las Victorias para un club de golf, el diputado Roberto Quatromano del PRO amenazó al Diputado Marcelo Ramal PO/FIT cuando hacía uso de la palabra. El exaltado se acercó a Ramal en gesto amenazante y le dijo: “vas a ver como los barrabravas te van a romper la cabeza”. La amenaza fue escuchada por varios diputados, que interrumpieron la sesión y denunciaron lo ocurrido. Ramal pidió una cuestión de privilegio, pero todo el bloque del PRO protegió a Quattromano votando en contra. El energúmeno siguió amenazando a Ramal.
La democracia es continuación del proceso militar que sigue postrando a la nación.
(*) Del Partido Obrero
