martes, 10 de marzo de 2015

por Lisandro Martínez*

lisandromartinez47@yahoo.com.ar

El Estatuto de Roma (17/7/1998) de la Corte Penal Internacional -al que el gobierno y Scioli adhieren- tipifica como “Crímenes de lesa humanidad” una serie de conductas y señala que “cualquier acto inhumano que cause graves sufrimientos o atente contra la salud mental o física es un crimen de lesa humanidad, cuando esas conductas deriven en un ataque sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. 
El gobernador Scioli y las instituciones democráticas, incluso la Corte Suprema, cuentan con incontrastables evidencias de que la distribución del agua con arsénico, nitratos y nitritos provenientes de agroquímicos, basurales y desechos cloacales, causa enfermedades crónicas, como el HACRE que provoca cáncer de piel, hígado o riñón; la discapacidad renal por beber arsénico produjo 25 muertes en Carlos Casares, los casos de metahemoglobinemia disparados por la contaminación del agua (síndrome del niño azul) se encuentran entre las dolencias mortales por la falta de obras públicas que garanticen agua potable en toda la PBA. 
María Celeste Maldonado en “La contaminación del agua en 9 de Julio”, apoyándose en
estudios de Olga Bocanegra, Cátedra Ciencias Médicas, UN Cuyo; Jochen Bundschuh, Universidad Souhtern Queensland, Australia; Alexandra Galetovic Carabantes, Universidad de Antofagasta, Chile y el INTI-Química dice: 
 “Entonces, si bien el arsénico es un elemento natural ampliamente distribuido en la atmósfera, hidrósfera y biosfera, el incremento de su concentración se debe a la actividad humana por el uso de compuestos de arsénico en insecticidas, herbicidas, antiparasitarios de animales, industrias de fundición de metales, minería, conservación de maderas” 
Es evidente la falta de controles sobre la actividad industrial y comercial de sojeros y los grupos agropecuarios que tienen zona liberada para violentar leyes, volcando residuos en ríos, lagunas y campos.
En 9 de Julio la organización popular que reclama agua potable probó con direcciones “participacionistas” que fracasaron, ya que desde el 30/5/2011 firmaron un acuerdo con Scioli a través del Defensor del Pueblo Carlos Bonicatto y comenzaron a  justificar la parálisis del intendente Radical y de la oposición del HCD (PJ/FPV/PRO/GEN) a través de la “Comisión de seguimiento de la Obra Pública”, un taparrabo a la inercia y un tapón contra la movilización vecinal.
Desde principios del 2014 vecinos de los barrios más abandonados por la autoridades, como Ciudad Nueva y El Provincial, tomaron el toro por las astas por la falta de agua y por el alto contenido de arsénico.
El 7/1/2014 los vecinos reclamaron a la Cooperativa Eléctrica Mariano Moreno, prestataria del servicio, por baja presión y falta de agua. En abril el intendente hizo un compromiso rastrero: “solucionaré la cantidad de agua, no la potabilidad”.

 El 30/12 en el Centro Comunitario volvieron a reclamar, esta vez al municipio porque era el nuevo prestador del servicio ya que la Cooperativa lo había abandonado. Los compromisos nunca se cumplieron: 1. Para el verano se resolvía la cantidad de agua necesaria. 2. No se hizo el pozo prometido. 3. de las 2.200 familias a las que se les iba a colocar tanque de reserva sólo 52 lo recibieron. 4. La campaña de concientización no se hizo. 5. La amplia mayoría del barrio no fue visitado por los encuestadores y 6. Los $600 mil de inversión en la primera etapa de obra nunca aparecieron.  

El 5/3/2015, hartos de manipulaciones, una movilización de autoconvocados marchó desde ABSA a la Municipalidad de 9 de Julio al grito de “Agua Potable”, sorteando a la policía que, con mandato político, intentó ilegalmente detenerlos y se distribuyó masivamente el folleto del proyecto de Ley “NO al arsénico en el agua” del FIT/PO, con muy buena recepción. 
Al llegar al Concejo Deliberante la movilización irrumpió en la sede donde sesionaba la “Comisión de Seguimiento de las Obras de Agua y Cloacas para Ciudad Nueva y El Provincial” (barrio ferroviario). Allí concejales y cooptados en la Comisión  los recibieron con el clásico himno nacional previsto para anestesiar la combatividad de los reclamos y bajar la temperatura; no obstante los autoconvocados interpelaron a la comisión (FPV, FR, UCR, y GEN y a 3 vecinos “delegados”). Antes que los vecinos ingresaran los funcionarios políticos huyeron por otra puerta dejando todo en manos de la comisión apaciguadora. 
La “Comisión de seguimiento” no respondió ninguna de las demandas y trató de evadir su evidente responsabilidad jugando al “gran bonete”, demostrando su inutilidad e incompetencia para resolver los problemas.
Los vecinos adelantaron que juntarán firmas para interpelar al Intendente por el abandono.
Al día siguiente el presidente de la “Comisión de seguimiento”, Raúl Barbato (FR), celebró insólitamente que la marcha haya sido pacífica –tal vez consideró que habría razones de peso para que no lo fuera- y justificó todo lo realizado ante Cablevisión repitiendo 1. “que están en marcha la instalación de 4 cisternas”, 2. “obras por $ 5 millones para un tanque que aumente la presión del agua”. 3.”La planta de abatimiento del arsénico”. Todo lo actuado lo refrendó el representante de FPV/PJ Martin Banchero, demostrando que entre la UCR y la oposición se formó un bloque contra los intereses del pueblo.  
En medio de la emergencia sanitaria hay que destacar que existen en 9 de Julio empresas privadas –amigas de los funcionarios políticos- dedicadas a potabilizar, envasar y distribuir agua con ganancias siderales, lo que convierte a las penurias del pueblo en un negocio redondo que lucra con la salud de los ciudadanos.
El movimiento tiene que llegar a escuelas y barrios para superar la parálisis que incluye al bloque oficialista y opositor y a la Comisión de seguimiento de las Obras, debe tomar como instrumento propio el proyecto de ley presentado en la Legislatura de la Provincia de Bs.As. por el Partido Obrero/FIT, para que la crisis de la salud no la paguen los trabajadores y vecinos sino los grandes consumidores del agua que disfrutan del 91% del caudal y están exentos del pago de ese servicio.
Adelante con el proceso de movilización independiente.
Abajo los negocios podridos organizados desde el poder político que lucran con la salud pública.
Viva la lucha por el agua potable que deberá extenderse más temprano que tarde a las 31 localidades afectadas por el crimen de lesa humanidad. 
  (*) Del Partido Obrero