domingo, 29 de mayo de 2016

La semana en pocas palabras

Informe Económico Semanal del Banco Ciudad

El gobierno retomó la iniciativa política y económica, anunciando esta semana el envío al Congreso de un proyecto de ley para cancelar todas las deudas con los jubilados, además de reajustar los haberes previsionales y establecer una Pensión Universal para la Vejez. Para hacer frente a esas deudas y las nuevas erogaciones, se prevé utilizar los recursos a obtener de un amplio blanqueo impositivo, incluido también en el proyecto de ley, junto con el flujo de fondos de las inversiones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES. Por otro lado, en el plano monetario, el Banco Central aceleró el recorte de las tasas de interés de las LEBACs, en función de más datos que señalan una desaceleración de la inflación subyacente, aunque también buscando detener la persistente apreciación cambiaria asociada a los altos rendimientos en pesos de dichos instrumentos. Paralelamente, incrementó los encajes de los bancos (es decir, el porcentaje de los depósitos que deben dejar inmovilizados
en el BCRA), apuntando a compartir el esfuerzo de contracción monetaria con el sistema financiero, quitando presión sobre el elevado stock de LEBACs en circulación de la autoridad monetaria.
En lo que respecta a los pagos a los jubilados, el proyecto de ley anunciado contempla la cancelación de las deudas previsionales originadas por la falta de actualización de las jubilaciones, principalmente entre los años 2002 y 2009, de acuerdo a lo estipulado por los fallos “Badaro” y “Elliff” de la Corte Suprema. Según los anuncios, existirían tres grupos de beneficiados: 1) jubilados con sentencia firme, que recibirán un incremento de hasta un 45% en sus haberes, más el cobro del retroactivo correspondiente; 2) aquellos que aún se encuentran en juicio, que tendrían la posibilidad de entrar de manera voluntaria, accediendo a una actualización en sus haberes, más un retroactivo por hasta un máximo de 48 meses; y 3) aquellos beneficiarios que no iniciaron acciones legales, los cuales recibirían también una actualización, aunque sin pago de retroactivos. Adicionalmente, el proyecto comprende una nueva pensión para todas aquellas personas que se encuentren en edad jubilatoria pero que no forman parte del régimen previsional actual, por no contar con los 30 años de aportes obligatorios. Para ellos se daría una pensión del 80% de la jubilación mínima, monto hoy equivalente a $3.967, pasando a contar el régimen previsional con una cobertura plena, operando a su vez todas estas medidas sobre una porción de la población con elevada propensión marginal a consumir, con su consiguiente efecto reactivante.
La implementación de las iniciativas descriptas tiene un costo fiscal asociado tanto al “stock” de los pagos retroactivos, como al “flujo” de las mayores erogaciones corrientes. En principio, la ANSES cancelaría el 50% del “stock” adeudado con un pago inmediato a la aprobación del proyecto, en tanto que el 50% restante lo abonaría en 12 cuotas trimestrales. Estos costos se financiarían con el ingreso fiscal proveniente de un ambicioso programa de blanqueo de capitales, que aplicaría una alícuota del 10% para quien regularice su situación antes del 31 de diciembre y del 15% hasta el 31 de marzo de 2017, fecha en que cerraría la operatoria (contando con tasas preferenciales menores al 10% para quienes exterioricen tenencias inferiores a los $800.000 y del 5% para quienes compren inmuebles). Si bien la estimación de los fondos que finalmente terminarán ingresando resulta compleja, este nuevo plan de blanqueo se da en un contexto de expectativas internas positivas y mayor confianza, junto con mayores controles globales al dinero no declarado, lo cual tendería a inducir un mayor grado de participación en comparación con experiencias similares anteriores. Adicionalmente, la ANSES también contaría con los fondos del FGS para el financiamiento de las medidas previsionales, sobre todo para el mayor flujo de recursos a destinar al pago de jubilaciones y nuevas pensiones no contributivas.
En tanto, en el frente monetario, el Banco Central profundizó la baja de las tasas de interés de referencia. Para las LEBACs a 35 días de plazo, la tasa de interés cayó al 35,25%, con una baja de 1,25 puntos porcentuales respecto a la licitación anterior y de 2,75 puntos en comparación con el pico de 38% vigente hasta fines de abril. En lo que respecta a los plazos más largos, las tasas disminuyeron en torno a medio punto porcentual, situándose por debajo del 30% para las letras de más de 200 días de plazo.
En particular, desde el propio BCRA se informó que se decidió implementar otro descenso en las tasas de interés de referencia sobre la base de nueva evidencia de que la inflación subyacente se encuentra en retroceso. Además de la desaceleración de la inflación mayorista divulgada por el INDEC la semana previa, el martes pasado se conoció el dato del IPC de San Luis, el cual arrojó un incremento del 3,4% mensual, levemente superior al de marzo (3%), pero con un aporte de 1,8 puntos porcentuales asociado al alza en las tarifas de gas. Sin ese efecto puntual, la inflación de dicha provincia hubiera resultado inferior al 2% por primera vez desde fines de 2015. Esta aceleración en el ritmo de recorte de tasas también cobra sentido en un contexto de renovadas presiones a la baja del tipo de cambio. Esto último producto, por un lado, del ingreso estacional de divisas del agro, pero también de una importante oferta de dólares financieros, tanto locales como del exterior, que busca aprovechar los elevados rendimientos en pesos. El descenso en las tasas de las Lebacs debería tender a restarle presión bajista al tipo de cambio, el cual pese a todo perforó esta semana los $14 por dólar.
Finalmente, la baja de tasas vino acompañada, en esta oportunidad, por una suba de los encajes bancarios en dos etapas, de un 2% promedio en junio y otro 2% en julio, señalándose que con esta medida se busca que el esfuerzo de la contracción monetaria sea compartido por todos los actores del sistema financiero y no únicamente por el BCRA, quitando presión sobre la creciente (y costosa) esterilización vía LEBACs actualmente en marcha.