por Lisandro Martínez*
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La ONG británica Tax Justice Nerwot (TJN) calcula que la evasión fiscal del capitalismo mundial suma más de u$s 3 billones que dejan de cobrarse en impuestos anuales. “Es un crimen contra el pueblo”, afirma quien elaboró el estudio y añade que la evasión fiscal de los capitalistas traslada el pago de servicios públicos y de deudas a los carenciados sociales. (www.mdzol.com/nota/378360)
La ley ómnibus del macrismo, acompañada por evasores offshore, el FpV y la burocracia sindical en el Congreso nacional, presentada como “una sentida reparación para los jubilados”, es un cuento del tío cuyo fin principal es producir un escenario ideal para que los evasores argentinos que tienen depositados en paraísos fiscales u$s300 mil millones accedan a un blanqueo que legalice fortunas obtenidas por acciones delictivas en perjuicio de las finanzas públicas de la nación argentina.
A los jubilados les espera un recorte de sus derechos adquiridos y para aquellos en vías de jubilarse se prepara una reforma asistencialista, mientras que los que blanqueen sus fortunas
mal habidas no tendrán obligación de retornar “sus pesitos a la patria” sino sólo el 8% que lo dibujará en un asiento contable donde se comprometen a ingresar al jubileo que redoblará el endeudamiento nacional. Ese 8% de las fortunas en el exterior podrá ser descontado con el pago de impuestos futuros.
Pero además quienes fugaron los capitales si invierten en títulos públicos en dólares tendrán un rendimiento del 5% a los 6 años y no será necesario que aporten. Una perversidad más de estas medidas es que los autores de “crímenes contra el pueblo” que violaron leyes estafando al país pasarían a ser acreedores del tesoro. Tras esa ley ómnibus está la coalición política que votó el pacto con los buitres reforzada ahora por la burocracia sindical y mayoría k que tienen sus ahorritos en el exterior al estilo Nac&Pop.
Al macrismo en los primeros 120 días no le llegó la lluvia de dólares, en cambio permitió en ese período una fuga de capitales de u$s 3.700 millones. Quien cree que Carrió es la fiscal de la república que les hace marcar el paso a los tránsfugas no divisa que actúa de teru teru, chillando que va a poner el huevo para que por detrás de bambalinas actúen los desvalijadores del país.
En medio de este pacto del Pro/FpV/burocracia sindical para habilitar el blanqueo de evasores, Vidal le puso un clavo más a la cruz que el régimen político quiere que cargue el pueblo y firmó sin empacho un decreto para sancionar con prisión a aquellos que difundieran el listado de blanqueadores. El escándalo que provocó ver a la verdadera mosquita muerta en pelotas y en el caño, obligó a la autora de la porquería a decir: “Me equivoqué y lo voy a suprimir”. Pero aunque Heidi dé marcha atrás igual quedará en pie el secreto financiero y comercial que oculta el listado de compradores del dólar a futuro, los Panamá Papers, el de la Afip y de cuanto crimen contra el pueblo existe. Por eso la banda de evasores votó en el parlamento la ley de Información Pública que en su artícilo 8º garantiza guardar esos secretos bajo siete llaves.
El proyecto de ley del Pro está por detrás de la demagogia verbal del arrítmico primer mandatario: A los jubilados en lugar de “reparación histórica” les violan los derechos adquiridos reduciéndoles la deuda que el Estado tiene con ellos quitándoles un 70% de sus derechos judiciales y dándoles a cambio no el 45% prometido por el globero Macri sino sólo un 18% en los nuevos haberes. Así un jubilado que cobraba $10.000 en 2009 con el índice a la baja empleado por la ley Macri pasaría a cobrar $11.800, pero con el índice de los fallos de la Corte Suprema (SCJ) de $10.000 se iría a $15.000. Los perpetradores del crimen contra el pueblo bajo el cuento de “la reparación histórica” le afanan a la ancianidad un 32% de lo que le corresponde por los fallos de la SCJ.
Macri siguiendo la tónica de CFK, al 75% de los jubilados con la mínima de $4.959, pretende engatusarlos hasta setiembre para otorgarles con la movilidad jubilatoria un 15% de aumento que, con una inflación del 40%, es darle una anchoa a un sediento en el desierto.
Para las retroactividades, otra estafa. Los viejitos con sentencia firme deberían cobrar el 100% del fallo, ya que hay una previsión presupuestaria de $12.500 millones destinados a eso. Pero el perverso Proyecto Macri les impone una quita al establecer el pago retroactivo desde que comenzó la acción judicial y no desde el reclamo administrativo. Además, sólo se paga al contado el 50% de esa deuda y el resto en 36 cuotas. El mismo trato tendrán los juicios sin sentencia, rebajándoles a cuatro años la retroactividad reconocida cuando el promedio es de ocho. El millón de jubilados que no acudieron a la Justicia no tendrá retroactividad y sólo cobrarán el aumento establecido si renuncian a cualquier acción judicial y las retroactividades y reajustes serán gravados con el impuesto a las ganancias.
El Proyecto de ley de las patronales evasoras apunta a disociar definitivamente a la jubilación del salario en actividad, o sea la aniquilación de la jubilación como salario diferido. En el debate parlamentario demostramos que la reposición de los aportes patronales rebajados en 1993 por Menem y Cavallo significa $280 mil millones anuales, y que la pérdida de la Anses por este concepto en 23 años transcurridos suma hoy $6 billones, suficientes para financiar la recomposición jubilatoria.
El Proyecto del PO/FIT propone:
1. Aumento de emergencia de $6.000 a todos los jubilados.
2. Reconocimiento y pago inmediato del total de las retroactividades -haya o no juicio- mediante un impuesto a la renta financiera.
3. Restitución del 82% a los nuevos jubilados y su financiación mediante la reposición de los aportes patronales rebajados en los ’90,
4. Devolución del Anses y el Pami a un directorio electo por trabajadores y jubilados.
5. Cláusula de blanqueo con estabilidad laboral para los trabajadores en negro y a los 300 mil afectados por las rentas vitalicias que perciben $700 promedio.
6. Abolición del secreto bancario y comercial de los capitalistas.
Se trata de un programa de lucha que llamamos a discutir en asambleas y a transformar en parte integral de un inmediato paro nacional y plan de lucha de todo el movimiento obrero. 9/6/16
(*) Del Partido Obrero
