por Lisandro Martínez*
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Vivimos un período generacional que ya alcanzó a padres e hijos, brutalizados por el Banco Mundial a través de sus planes de educación y por los funcionarios que durante los últimos 40 años compraron imprudentemente ese “gato por liebre”, que resultó imponer que la educación sea una mercancía más y que pululen las universidades y escuelas privadas que -en su mayoría- no pretenden otra cosa que extraer ganancias de la masa de pibes que se incorporan a sus tiendas.
Los educadores divulgan cada tanto, en diarios de publicación masiva y también en revistas especializadas, que producto de este zafarrancho planificado la incomprensión en la lectura de textos es una frontera casi imposible de superar en el acercamiento personal e intelectual que forzosamente el educador debe establecer con el educando, en su tarea de aproximarlos a problemas y fenómenos de la educación y la cultura general.
Por la edad no se puede creer que José Paletta -el novel asesor de seguridad del intendente de Lanús- no descifre los conceptos de la
letra escrita y que su interpretación lo lleve a esta conclusión simplista que publicó en La Defensa, donde dice “no todos los gendarmes son violadores”, deslizando que este es el mensaje de un artículo de mi autoría publicado entre el 23 y el 25/2/2015.
El corazón del problema es que todas las fuerzas de represión han fracasado porque los funcionarios políticos propiciaron la pudrición de esas instituciones, con altos mandos a la cabeza que -generalmente- terminan su vida laboral activa enriquecidos por los ilícitos que sólo pueden tener luz verde mediante la complicidad de las autoridades políticas.
Un dato que José Paletta –un mediático- no puede ignorar y que fue noticia al tope del ranking 36 meses atrás, denunciada desde “el boletín oficial” Página 12 en febrero de 2012, ventiló que el alto mando de Gendarmería Nacional se encargó y se encarga de llevar adelante el Proyecto X de espionaje comprobado a 1.000 organizaciones populares, entre ellas los partidos políticos de izquierda a través de un trabajo “de campo”, filmando, fotografiando, espiando, infiltrándose e incluso fingiendo accidentes de sus oficiales para inventar cargos contra quienes se manifiestan públicamente por alguna reivindicación. Los objetivos elegidos por Proyecto X son una gama ideológica inmensa que va desde el Padre Pepe hasta el Partido Obrero. Esto lo hizo y hace Gendarmería Nacional por orden del gobierno nacional y popular desde 2004 y a pesar de la abundancia de pruebas sobre el espionaje, el Juez Sebastián Casanello no sólo lo tiene cajoneado en el Juzgado Nº 7 sino que hasta ha exculpado a dos oficiales sorprendidos “infraganti” violando las libertades públicas. (“Proyecto X: Como espió gendarmería a más de 1000 organizaciones”. Clarín 10/3/2013).
La muerte de Nisman ha vuelto a poner a consideración, una vez más, el entramado de corrupción que significan los 15 servicios secretos o de inteligencia que operan en la Argentina, quienes además de vulnerar los derechos individuales y políticos de los ciudadanos cuentan con dos fuentes de financiamiento, no sólo con las millonarias partidas destinadas desde el presupuesto nacional sin ningún control sino que también incorporan dinero de actividades ilícitas ya que participan activamente de la extensión de la delincuencia a través de explotar la trata de mujeres, la prostitución, distribución y venta de drogas (La Nación 12/1/2012).
Lorena Martins, hija de un agente de la Side, denunció hace 3 años ante el juez Oyarbide que este organigrama delictivo se extiende hasta los partidos políticos del “orden y la seguridad”; dió constancia que su padre Raúl Martins Coggiola colaboró con la campaña del Pro para que Mauricio Macri fuera reelecto como intendente de la CABA con dinero de la explotación de prostíbulos de la ciudad de Buenos Aires y también de México (“Una Red de puticlubs pagó la campaña electoral del Alcalde de Buenos Aires”. Diario El Mundo de España 11/1/2012).
Francisco, el representante del cielo en la tierra que parece que recién se desayunó, presagia que se establecerá en un futuro en la República “La mejicanización”. Hay que avisarle al Papa que ya hace rato que el régimen político trabaja para instalarla.
Un ejemplo -no de un revolucionario sino de un acendrado conservador- fue el de Ricardo Ivoskus: Cuando ganó sorpresivamente la elección de intendente y asumió la Jefatura Comunal de San Martín, en el Gran Buenos Aires en 1999, recibió el municipio más endeudado del país ($/u$s 120 millones). ¿Qué hizo? Pidió una auditoría (que se abran los libros). Lo hizo para no quedar pegado a la mafia que lo antecedió. No obstante como Ivoskus no quiso ir a fondo no pudo esquivar las zancadillas de la justicia que debía condenar a 37 funcionarios, la mayoría concejales, ex concejales y hasta intendentes, cuyos afanos habían sido ampliamente probados.
Otro dato que destapa la podredumbre ya congénita, es que el juez que disculpó a todos y desvaneció la causa fue Horacio Leonardo Días, el mismo que evitó de todas maneras aplicarle la merecida condena a perpetua a Pedraza en el crimen de Mariano Ferreyra y abrir paso a las indagatorias de ministros, funcionarios, concesionarios y burócratas sindicales, responsables de la multimillonaria estafa con los subsidios a los ferrocarriles, practicadas desde 2002 hasta el 2010 y que continúa.
Paletta propone colocar como vigilante a una institución violadora de las libertades públicas.
Lo efectivo cuando cualquiera se hace cargo de una tarea, en una empresa o lo que fuera es, para empezar de cero no encubrir lo anterior que estaba mal y provocó -en este caso preciso- la crisis de la inseguridad.
La actividad a desplegar por quien pretenda dar seguridad a la ciudadanía es movilizar al vecindario para empezar a descabezar los negocios millonarios en el distrito, vinculados con la droga, la trata y la prostitución; así se empieza a cortar la protección política. Recién en ese momento se podría comenzar a tener algo de confianza en la tarea de seguridad emprendida.
Que se abran los libros e ir a fondo en esa auditoría es la señal que distingue cuando un funcionario pretende ser un instrumento para que el pueblo conquiste sus reivindicaciones.
Todo lo demás tiene un destino que por conocido y replicado durante 32 años, debemos repudiar.
(*) Miembro del PO
