por Lisandro Martínez*
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Durante la crisis económica de 1997 en Brasil, que se llamó “caipirinha”, la burguesía nativa desesperada por la huída de empresarios y para retenerlos propuso en cada estado, por medio de los gobernadores, condiciones cada vez más seductoras para que la oferta de radicación de los capitales extranjeros fuera muy atractiva. Para competir con la mano de obra barata ofrecida por los “tigres asiáticos” armaron un remate donde cada estado reducía sus condiciones más que otro y la nación dejaba de percibir impuestos, disminuía a nada los costos laborales e imponía la tercerización del trabajo para atraer las “inversiones multinacionales”. Esa política de abandonar la economía interna y entregarse fue la que preparó una nueva, más profunda y amplia crisis económica en ese país.
El ejemplo “do Brasil” vale para la política inmobiliaria desenvuelta en los últimos treinta años en la Argentina. Cada intendente en su municipio se adueñó del registro de catastro y disparó la especulación inmobiliaria salvaje sin establecer ninguna obra estructural de servicios públicos esenciales: agua, luz, gas, cloacas. La manipulación del catastro impuso megaobras destinadas a edificios de lujo, barrios cerrados, countries y hasta cementerios privados cuya situación común era estar “flojos de papeles”. Un dato de la precariedad a la hora de presentar los títulos de propiedad ha sido remendada por el gobierno K a través del Código Civil trucho.
Toda esta política de okupas de tierras fiscales, de propiedades abandonadas o sin dueños y del loteo inescrupuloso ha modificado el curso de ríos, arroyos y lagunas. Esto provocó la destrucción de las defensas naturales de los espejos de agua llamadas humedales.
En muchas localidades de PBA ganó espacio la construcción de edificios lujosos. Esto significó que todas las bases de las torres hormigonadas se convirtieron en impedimentos para que se escurran las aguas. Son 20 o 30 metros que se impermeabilizan para los cimientos.
Las inundaciones permanentes denominadas “Desastres Naturales” por los saqueadores del Catastro (Macri, Scioli, Massa, los barones del conurbano y los gobernadores de las provincias) están comprendidas como el resultado de la acción depredadora de los funcionarios del Régimen capitalista quienes gobiernan para satisfacer el lucro de sus mandantes, los blanqueadores de dinero sucio, sin ninguna previsión futura y de espaldas a la opinión, los intereses e intervención de los que trabajan.
Antonio Brailosky acertadamente explica la responsabilidad de “las ratas” en las inundaciones: “Sin duda la mejor actuación de Mickey Mouse fue cuando representó al discípulo del mago en ‘El aprendiz de hechicero”. Mouse nos muestra una inundación artificial. No se debe al capricho de la naturaleza, sino que es el resultado de la acción humana (o ratonil) que pone en marcha mecanismos que después no sabe o no puede contrarrestar”.
A la especulación inmobiliaria, cuyo fin es blanquear capitales, el régimen incorpora otros delitos: 1) el de ocupar una superficie cada vez mayor de terrenos inundables. 2) la subejecución en mantenimiento e infraestructura pluvial. 3) La baja ejecución de las Obras de Infraestructura Urbana. En la provincia de Buenos Aires, a septiembre de 2012, el rubro “Agua Potable, Alcantarillado y Desagües Pluviales” del presupuesto contaba con una partida de $1.053 millones, de los cuales hasta ese momento se habían ejecutado $ 671,9 millones (el 63%). Durante 2011, el presupuesto destinado al mismo ítem había sido de $ 952,8 millones y tampoco fue ejecutado en su totalidad, ya que se utilizó el 80% de los fondos.
La subejecución es el manejo espurio de partidas presupuestarias que el régimen saqueador del tesoro público convirtió en ley bucanera que se aplica incluso en los municipios. Esta práctica delictiva agrega a “con la democracia se vive, se educa y se cura”, un “se roba”.
Cuando se achicó el estado se desmanteló el Servicio Meteorológico Nacional, abandonándose el control hídrico de mareas, flujos y reflujos de los espejos de agua de la PBA con personal que registraba todas las variantes. Esta tarea evitaba “la sorpresa” del “desastre natural”.
La nación carece de un plan integral urbanístico que se adapte a los cambios climáticos, aunque esté pronosticado que en los próximos cinco o diez años van a haber más lluvias, de mayor intensidad y en tiempo más acotado. La obra publica presupuesto Scioli 2015 es cero.
Las leyes que frenaban al desastre se anularon. En la PBA se sancionó en 1960 la “Ley 6253 de Conservación de los Desagües Naturales”, que prohibía ocupar los márgenes de los ríos en una franja mínima de 50 metros extensible hasta la línea de las crecidas extraordinarias. El Código Civil K para integrar los espejos de agua a la propiedad privada colocó a sólo 15 metros el camino de sirga.
Una cantidad de resoluciones de la “Autoridad del Agua” permitieron, siempre a título precario y salvando las responsabilidades de ese organismo, enormes obras de relleno, polderización, excavación de lagunas con perforación de napas subterráneas y destrucción de humedales en el borde mismo de grandes cursos de agua, en emprendimientos residenciales repartidos en toda la región, aunque muy especialmente en la zona norte. Para esto hasta se construyó un modelo de manejo hidráulico para las llamadas “urbanizaciones acuáticas” (Nordelta, Eidico, etcétera).
Los barrios ricos que incorporan el paisaje a su propiedad son levantados varios metros sobre el nivel para preservarlos. Esto opera como modificador del curso natural del espejo de agua. Los barrios ricos que cierran y abren “compuertas” operan junto a los terratenientes con sus canales clandestinos y provocan desbordes de caudal como ya sucediera en 2009, descargando en el río Areco de esa localidad .En 2011 en Bolívar, Nueve de Julio, Carlos Casares y Pehuajó, se comprobó la existencia de canales clandestinos; la Autoridad del Agua es el contralor, organismo que no se atreve a cobrar el canon a los empresarios que utilicen el agua como insumo productivo a pesar de la ley 12257. La UIA en julio de 2014 no acordó con el pago. (www.Infocielo 17/7/2014 “Polémicas por un canon”)
La Autoridad del Agua no quiere cobrarle al sector que consume el 91% del agua potable que utiliza para lucrar ni lo sanciona por ser responsable de las inundaciones.
¿No es hora del gobierno de los trabajadores?
(*) Miembro del Partido Obrero
