domingo, 3 de septiembre de 2017

por Lisandro Martínez*

Recién salidos del infierno de los genocidas nos tocó intervenir en la sede de familiares de detenidos desaparecidos, en Riobamba, casi Rivadavia, en capital, en un debate promovido por un sector de la izquierda que concurrió a esa reunión con la novedad: “Los detenidos desaparecidos están todo muertos”. 
La posición que revelaba el pobre esfuerzo intelectual de elaboración, era demasiado pueril y lo que buscaba esa izquierda, que luego se transformaría en un éxito electoral como MAS, era acabar con ese debate y pasar a otra cosa y en este caso era a contar por adelantado los porotos electorales. El recuerdo fresco fueron las durísimas respuestas que obtuvieron de parte de Orfanó (PC) y de Cata Guagnini (PO), responsables de Familiares y padres de desaparecidos, que además de darles duro a los insustanciales explicaron: “Queremos saber ¿por qué y cómo hicieron inteligencia sobre los compañeros? ¿Quiénes fueron los que ordenaron el secuestro y la desaparición?  
¿Quiénes participaron del secuestro, donde los alojaron, quienes los torturaron y donde están”? 
Para aquellos que participamos de ese plenario de Familiares, ese método de interpelarnos fue el que encajó como una pieza maestra en las consignas que guiaron a todo el movimiento de DDHH y no permitió a los genocidas por lo menos durante esa lucha ningún atajo. Luego el “Nunca más” les daría la obediencia debida y muchas otras chicanas legales que llevaron a
que los mismos grupos de tareas se instalaran en la democracia.  Entre los casos más notorio y que simbolizan la impunidad más absoluta: 1. El custodio personal de Alfonsín era el líder de un grupo de tareas que secuestraba y torturaba en el Centro Clandestino Orletti y 2. Etchecolaz, jefe de policía durante la dictadura, está sospechado de organizar el secuestro y la desaparición de Julio López 30 años después de iniciarse la dictadura y a 13 años de instalado esto que algunos llaman democracia.
 La multitudinaria marcha con el reclamo de aparición con vida de Santiago Maldonado (ver imágenes del dron en Prensa Obrera) arrinconó al gobierno que apaña a los desaparecedores y que no obliga al juez a que aplique las leyes: 1. Es el abc del Derecho penal el que señala que hay que suspender en sus actividades e investigar a los 40 gendarmes para interrogarlos y saber qué rol cumplieron. 2. Es también de manual que el juez no puede “pisar la causa” durante un mes y debe levantar el secreto de sumario para que los abogados de la familia y de las organizaciones de DDHH puedan intervenir judicialmente. Estas iniciativas -hay que informarle a Macri- las toma el gobierno si tiene la voluntad de apurar la investigación. 
La movilización contínua en la Causa Mariano Ferreyra hizo milagros de todo tipo: hasta se logró triangular los celulares de la patota, la Comisión Directiva de la UF, los ministros del gabinete presidencial y los concesionarios, dejando en claro que era un crimen de estado que no se juzgó. En Barracas con los celulares se comprobó dónde estaba ubicado el PO, dónde la patota y dónde la policía que les liberó la zona. Ahora otro crimen de estado –por la participación del Poder Ejecutivo encubriendo a sus autores- es el que ha sucedido a partir de la desaparición forzada de Santiago Maldonado.   
Pasado un mes lo único que el gobierno Macri quiere garantizar es que se pierdan pruebas. Los abogados no obstante ya están sobre las pistas firmes que Gendarmería le hizo un seguimiento previo a Santiago Maldonado, método que corresponde al Proyecto X de la Gendarmería Nacional que denunciamos en la causa 14.966 iniciada en 2011, por distintas organizaciones de DDHH y partidos de izquierda, que señalaron la comprobada existencia de espionaje ilegal por parte de Gendarmería Nacional. Allí se aseguraba que en los expedientes figuraban como imputados los obreros Hermosilla, Gentile y Norniella y los dirigentes de izquierda Néstor Pitrola y Vilma Ripoll, por solidarizarse con los despedidos de la empresa Kraft. Los gendarmes actuaban sin orden judicial. 
   Y si ahora lo hacen con orden de algún juez -Pro Macri- también es ilegal porque avasalla leyes que determinan que las FFAA no pueden hacer espionaje interno sobre la población ni aun utilizando la hipótesis capitalista de la guerra mundial contra “el terrorismo”, es decir contra la juventud y los opositores políticos de izquierda.
 Piedras, molotov y represión en Plaza de Mayo
El gobierno se jacta de habernos vuelto a introducir al mundo a través del pago de una deuda externa trucha e invalidada por la aplicación de intereses usurarios. Pero al único mundo que nos introdujo el macrismo es al de las guerras de baja y media intensidad donde hay un ejército mercenario “bueno” que custodia al gran capital y a sus intereses –Macri en la Patagonia lo hace con Benetton, su amigo Lewis y otros terratenientes- mientras “los enemigos mortales” son “la banda de terroristas” que todos conocemos como la juventud desocupada, cuyo uniforme distintivo son jeans con agujeros -no a la moda sino por el desgaste- buzos con capucha, gorritas, mochilas y zapatillas. 
A este moderno mundo de la guerra contra los pueblos ya nos había introducido la “abogada exitosa” que apretada por los organismos financieros internacionales (GAFI) hizo votar a sus diputados y senadores una Ley antiterrorista para legitimar la criminalización de la protesta social, que amplió las figuras penales aplicables y vinculó la protesta social con una figura determinante y vaga llamada “terrorismo”. La “boga éxito” para que hicieran su “trabajo de campo” y a su regreso lo volcaran en el país, envió a la milicada a que viera y aprendiera como se maltrata, tortura y hambrea al pueblo de Haití. 
La Ley de Antiterrorismo de CFK aplica penas desproporcionadas y en casos de conmoción pública –por ejemplo otro Argentinazo impulsado como aquel por la quiebra capitalista del país - el estado macrista podrá aplicar condenas mayores que las que corresponden a homicidas y yutas torturadores. ¡Esta es la herencia de nacionales y populares!
Repudiamos la represión y la brutalidad policial del día 1/9. El gobierno montó una provocación con “infiltrados” para contrarrestar el inmenso reclamo de Plaza de Mayo y todo el país. 
El acoso popular y callejero a Vidal y otras “figuras” del macrismo al grito de: ¿Dónde está Santiago? liquida la farsa del timbreo evangelico. 
Libertad a los detenidos 
Fuera Bullrich
Quien siembra vientos cosecha tempestades 
   (*) Candidato a senador provincial por el FIT