viernes, 18 de marzo de 2016

La historia es implacable: No pasarán

por Lisandro Martinez*

El 15/3  La Defensa señala que la UCR Lanús va “a una jornada de reflexión y debate a 40 años del Golpe”. 
Debemos informar a la “Jornada” de la UCR que los partidos de la época colaboraron administrando al genocidio con 803 intendentes. UCR puso 310, PJ 169, Democracia progresista 109, MID 94, Fuerza Federal Popular 78, Neo Peronistas 23, Democracia Cristiana 16, Partido Intransigente 4 (La Nación 25/3/1979)
La UCR con descaro señala “La sociedad de entonces encontró en Alfonsín la más clara expresión de un ideario de transformación democrática que iba mucho más allá de votar cada dos años y estos más de 30 años transcurridos en democracia son una muestra del triunfo permanente de aquella propuesta”.  
Todo lo contrario en las calles  en 1983/84 los organismo de DDHH y el clasismo cantaban “la democracia es continuación de aquel Proceso que ha fundido a la Nación”.
Los “democráticos” PJ-UCR-Intransigentes- Democracia Cristiana, etc no rompieron con el
Proceso de la dictadura militar bancada por el imperialismo, fueron armando la cadena de impunidad que a 40 años hace que Elia Espen declare por ¡¡¡PRIMERA VEZ!!! en la causa por la desaparición de su hijo acaecida hace 39. Si algún analista califica de hipócritas a las direcciones políticas que continuaron vaciando a la Argentina durante 40 pirulos tenemos que considerar correcto el término. 
En 1983 no se inició un régimen democrático sino uno para satisfacer las apetencias de los organismos financieros internacionales para eso antes de las elecciones “los pollos del capital” el izquierdista Alfonsín y el candidato de la Triple A, Luder, se asociaron al Consenso de Washington  armado por James Barker de la Reserva Federal quien impuso  (Privatización, desregulación, apertura al capital extranjero, etc.). Fue el embajador argentino en EEUU Lucio Gonzales del Solar quien hilvano el acuerdo. Lucio era un militante de la UCR, embajador de la dictadura militar en EEUU desde 1982 luego de la derrota de Malvinas y fue ratificado por el gobierno alfonsinista meses después.
Los actuales juicios por delitos de la dictadura genocida forman parte de una cadena de marchas y contramarchas, cuyo punto de partida fue la Ley de Autoamnistía dictada por la última junta militar en vísperas de la asunción de Raúl Alfonsín.
  El juicio y castigo era la bandera de las movilizaciones  esto golpeaba mal a la “transición democrática” pactada entre los partidos patronales y los milicos y auspiciada por el imperialismo. El gobierno radical intentó encausar el juzgamiento de los genocidas -de la cúpula de la dictadura- a través de los tribunales militares. Pero la maniobra fracasó por la resistencia de los milicos.
  Para intentar contener la movilización democrática de masas, en 1985 el gobierno instruye el llamado Juicio a las Juntas. Fueron juzgados sólo 12 integrantes de las 4 juntas militares que encabezaron la dictadura. Las penas fueron un revés para las expectativas democráticas de las masas: los jueces condenaron a prisión perpetua solamente a Jorge Videla y Emilio Massera; Roberto Viola fue condenado a 17 años de prisión y Lambruschini y Agosti a 8 y 4 años, respectivamente. Galtieri y Anaya fueron absueltos. La cuarta junta militar ni siquiera fue procesada. La “teoría de los dos demonios” del alfonsinismo estaba en su apogeo. 
  Se cantaba “A los milicos los salvaron sus amigos/ los capitanes de la industria y Bunge y Born/ pero cuidado que con gente en la calle no habrá amnistía y no habrá perdón”
   Con el alzamiento carapintada de Semana Santa, Alfonsín y los partidos del sistema firmaron el Acta Democrática del 19/4/1987 junto a Aldo Rico, donde cedieron a sus presiones y se reivindicó la doctrina de la obediencia debida -que había sido formulada por Alfonsín mucho antes de los acuartelamientos. El Partido Obrero fue el único que, rechazó la firma del “acta democrática” y denunció la capitulación alfonsinista y de todos los partidos. El PC  firmó el acta para defender esa “democracia”. Cuando Alfonsín voló desde la Rosada  a Campo de Mayo distribuimos un volante en esa Plaza atestada titulado “Capitulan”. Al salir de Plaza de Mayo cuando Alfonsin derrotado dijo “Felices…”, arrastramos a tres cuartos de la Plaza tras la consigna cantada por el PO “Alfonsín no nos mientas más/ Alfonsín no nos mientas más/vos fuiste a Campo de Mayo/ a Campo de Mayo a capitular”.
El acta del 19/4/1987, que velaba por “el normal desenvolvimiento de las instituciones del Estado” fue el origen de las leyes de Punto Final y Obediencia debida.
  La sanción de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida evidenciaron la política oficial de desmoralizar a quienes se movilizaban contra la impunidad. La masacre de La Tablada con fosforo blanco, selló con sangre el rabioso militarismo del gobierno alfonsinista. Los indultos de Menem -entre 1989 y 1990- fueron la conclusión de ese operativo político. Los militares se reciclaron en democracia, fundaron sus propias empresas, ofrecieron sus servicios a distintos grupos capitalistas o simplemente se retiraron.
  Sin embargo, la movilización popular no cesó y comenzaron a llegar del exterior pedidos de extradición de represores por casos que afectaron a extranjeros o a compañeros con doble ciudadanía. El gobierno de la Alianza se negó a autorizar las extradiciones y las presiones judiciales harían eclosión durante el gobierno de NK. Por la enorme presión y los pedidos de Baltazar Garzón y a 30 años de los crímenes, el régimen accedió a que se anularan las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, con el expreso pedido de NK de eliminar del proyecto de ley la anulación de los indultos. Porque la anulación significaba el inmediato encarcelamiento de Videla y compañía. El objetivo era garantizar que los represores fueran juzgados en Argentina por la Justicia que sancionó la “continuidad jurídica” entre la dictadura y el régimen constitucional que antes había jurado por el Proceso Militar. Esta capitulación política fue el mal menor que NK decidió soportar ante la crisis de envergadura que podía significar la extradición masiva de milicos.
La UCR ha intentado ingresar a la Plaza de Mayo algún 24 de marzo, y los familiares y compañeros de las víctimas del genocidio haciendo sonar el escarmiento no lo han permitido. 
Un rio de sangre, complicidad  y porquerías contra el pueblo sumado ahora el voto a los buitres nos separa de la inviable burguesía nacional.
No pasarán
(*) Del Partido Obrero