En la última sesión del Concejo Deliberante de Lanús, hubo varios expedientes que dieron lugar al debate, más vinculado a posiciones políticas ideológicas que a los expedientes en sí. El presidente Marcelo Rivas Miera tuvo que intervenir demasiadas veces para poner orden en las participaciones de los concejales.Uno de esos expedientes, “S/Autorizar al Departamento Ejecutivo a adjudicar la licitación pública N° 3/20 –segundo llamado- referente a “Servicio Distribución Domiciliaria de Notificaciones y Citaciones por Infracciones Digitales y Manuales a la firma Blue Mail SA “, presentó desde el primer momento la posición de rechazo del Frente de Todos, anunciada por la concejal Natalia Gradaschi.
Dejando de lado todas las interrupciones, llamados al orden del presidente y las argumentaciones partidarias, vayamos al nudo del expediente. La labor del HCD es verificar que todos los pasos licitatorios sean los correctos, y cumplir así con el artículo 155º, de la Ley Orgánica de las Municipalidades (LOM). Sin embargo la oposición corrió el eje del debate cuestionando la tercerización de servicio hacia una empresa que trabaja con el municipio hace más de un año.
Gradaschi expresó que entendían “que el estado local ha tenido una baja en la recaudación, tal como ocurre en las otras jurisdicciones de estado, pero no creemos que ésta sea la estrategia correcta en este sentido ya que se está tercerizando por un monto de 62 millones de pesos un servicio que bien podría hacerse por administración y que, de esa manera, permitiría aumentar notablemente las partidas presupuestarias que hoy el estado local necesitaría para responder a la crisis sanitaria y local”. Esto fue acompañado por Karina Nazábal, quien consideró que “el voto negativo también es porque, de alguna manera, venimos insistiendo con que los roles de los municipios no pueden ser gestionar mediante empresas tercerizadas. Los roles de los municipios tienen que ser gestionar
políticas públicas sustentables para los municipios. Y la sustentabilidad tiene que ver con la economía”.
Allí fue Jorge Montero quien hizo diversas consideraciones. Expresó que “esta empresa, que ya está trabajando en nuestro municipio y en otros más, en noviembre entregó 21 mil cartas y citaciones, en diciembre 16 mil; en enero 24 mil y en febrero 34 mil. Desde el estado municipal esto es imposible de hacer”. Y agregó que “tenemos que tener en cuenta: el 85 por ciento de los infractores son de otro distrito. Quiere decir que los seis notificadores que tenemos en el municipio tendrían que estar repartiendo cerca de 90 mil cartas en cuatro meses. Creo que es algo imposible. Y es acá donde apelo, más allá de nuestra ideología y sabemos lo de la presencia del estado, a que se entienda que es imposible contratar trabajadores municipales para cubrir esto porque rompe cualquier esquema municipal. Me refiero al estado moderno. Lanús no es un pueblito, no es un municipio de cinco mil o quince mil habitantes; somos cerca de 500.000 habitantes. O sea, es como una provincia. Creo que tenemos que tener esa visión. No es posible que, en algunos temas, como en este caso, nos manejemos de esta forma. Además, tiene importancia porque es financiamiento municipal, es dinero que ingresa al municipio a través de infracciones”.
Con alegatos a favor de la aprobación, también participó Laura Lavandeira, quien dijo que “este expediente está aquí solamente por una cuestión relativa al artículo 155. Y si hay algo en lo que soy especialista en todos mis años de gestión pública es en licitaciones. El espíritu de que el expediente esté acá es para que, realmente, chequeemos que el proceso fue correcto y que se apruebe si se hizo correctamente. En mi opinión contable no hay por qué no acompañar este expediente”. Por su parte, Omar López intentó bajar el tono a la discusión, indicando que lo que establece la Ley Orgánica de las Municipalidades debe ser cumplido sin cuestionamiento y eso es lo que se estaba haciendo con este expediente. En el rechazo, Mariano García fue uno de los protagonistas del debate político partidario.
A pesar de que el oficialismo tenía mayoría propia (11 a 10) el resultado fue la aprobación por 14 votos contra 7. Los negativos fueron de Marcela Barberio, Mayra Benítez Daporta, Daniel Dragoni, García, Gradaschi, Diego Martirian y Nazábal. Estuvieron ausentes Gabriel Sandoval, Jessica Flores y Sebastián Beroldo.
El otro expediente aprobado fue la declaración de interés general respecto de que PAMI sea quien se haga cargo de la ex clínica Estrada, un proyecto que originariamente fue presentado por Montero y posteriormente uno similar por Nazábal, y, tratados por Salud, pasó solamente este último a la comisión de Gobierno. Esto fue señalado por Montero, quien indicó que “un expediente solo pasó a la Comisión de Gobierno. El mío quedó en comisión, ¿con qué objetivo? Mandarlo a archivo en la otra sesión. Total, ya se habría aprobado el de la compañera Nazábal. Era eso. Somos grandes y ya tenemos varios años” . El debate fue con García -quien es precisamente, el presidente de la comisión de Salud- y dejó en evidencia el enfrentamiento entre dos ediles que compartieron mucho tiempo el mismo espacio. Esos enfrentamientos serían una de las causas por las cuales Montero formó su propio bloque.
Marta Santos
