por Lisandro Martínez
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La entrega nacional de la clase gobernante ha sido y es bochornosa. En los últimos 15 años no resolvió la quiebra de las empresas de servicios privatizadas, a pesar de haber dolarizado las facturas. “La década ganada” de CFK ha dejado en pie la bancarrota de 2001/2. El fracaso Nac&Pop parte de los límites de la clase capitalista nacional para llevar a fondo las tareas democráticas, fundamentalmente por su medrosa actitud cuando había que ejercer la soberanía política estatizando todas las privatizadas por incumplimiento de contrato. Para entender que la cacona los hace resbalar todo el tiempo frente a los poderosos está el ejemplo de Grindetti/Offshore, quien desde hace casi 8 meses ruega a Edesur que de luz a cientos de vecinos de un municipio de sólo 44 km2. El ridículo ganó por goleada cuando el intendente se dirigió a Edesur y la empresa le pidió por twiter que se identificara con su número de cliente
(infoBae 22/3/16). ¿Quién manda y quien es el mandado?
Un dato central de la historia fue que los subsidios a los servicios no tuvieron el propósito de incentivar el consumo popular, sino que fue para darles oxígeno a las privatizadas del menemismo. Los subsidios tuvieron como objetivo garantizar la dolarización de las tarifas. Con Duhalde se mantuvieron las privatizaciones, luego los K sólo estatizaron el agua porque Aux du France se rajó, no sin antes distribuir agua con barro.
El congelamiento de tarifas de NK y CF saludado por los “coco huec” fue un subsidio a la patronal, permitiéndole durante 12 años salarios a la baja ya que los mismos se establecían sobre una canasta familiar inferior por los subsidios. Los trabajadores financiaron con una millonaria transferencia de ingresos a la burguesía (IVA, impuesto a los salarios y las jubilaciones, etc.).
Ahora la crisis política que el accionista de Shell ha disparado con “el Rodrigazo” en los servicios de gas ha instalado en el país que este episodio sólo se puede dirimir en la calle.
¿Por qué llamamos Rodrigazo al golpe sobre las tarifas? Porque la resolución del Ministerio de Energía y Minería 129/2016 – 12/7/16) impone -luego de tirar la toalla ante la Corte Suprema de Justicia-, el 400% y esto significa rebajar los salarios medios un 40%. Un impacto en el comercio y la industria que van a una recesión plena. El tarifazo se convierte así en un impuesto al consumo y como tal debería ser debatido en el Congreso.
La resolución de aumentar el 400% carece de legalidad, lo impide el fallo de la Cámara Federal de la Provincia que se pronuncia contra el aumento de la tarifa del gas.
El macrismo al olfatear la belicosidad popular pidió que intervenga la Suprema Corte de Justicia que no está en condiciones de pasarse con armas y bagajes al macrismo como antes sostuvo jurídicamente al gobierno de los subsidios. La CSJ tiene sobre sí el espectro de docenas de fallos de jueces de diversos puntos del país contra los tarifazos y el fallo de la Cámara Federal de la Plata que impide dictar nuevas tarifas. No obstante hay que subrayar que la SCJ interviene para hacer viable el tarifazo.
La Corte no ha resuelto nada pero le reclama al gobierno informes sobre el nuevo cuadro de tarifas para dictar un fallo mediante un “per saltum” que sea la “última palabra”. La pretensión de cortesanos y gorilas es cerrar el tema mediante una negociación, ignorando la voluntad popular.
Los partidos “opositores” quieren, a último momento, capitalizar el rechazo al aumento del que son cómplices y contra el que sólo hicieron declaraciones vacías. Ahora Massa reclama en una carta a Macri que “lo suspenda”, pero acuerda con un aumento con “topes” del 400% ¡5 veces lo que se pagaba el año pasado! El FV impulsó algunos recursos de amparo que lo suspendieron, como el de Magario de La Matanza, sin fijar posición sobre la cuestión de fondo.
La crisis alimentada por el gobierno de ceos tiende a apretar demasiado a un pueblo levantisco y con una inmensa historia de luchas. Para gritar cartón lleno, el ataque planificado contra quienes trabajan no empieza ni termina en este semestre sino que quiere ser mantenido durante los 4 años de mandato gorila.
Funcionarios, periodistas e inescrupulosos de distinto signo hacen correr el cuento por los medios que si pagamos el 400% van a venir inversores, es una grosera falacia ¿desde cuándo los inversores vienen si hay guita? Por el contrario lo que caracteriza a un inversor es que ante los negocios arriesga su propio capital.
El tarifazo es una imposición del capital financiero y los pulpos petroleros para rescatar a las petroleras quebradas. La carta de Massa a Macri indica un abanico de posiciones y la división de la clase capitalista y aunque todos acuerdan en descargar el costo de los subsidios sobre los que trabajan (tarifazo), ninguno quiere aparecer con el rebenque en la mano. FpV, Gen, FR y el resto de la oposición junto a la CSJ buscan alternativas para llevar adelante el saqueo al bolsillo popular y al salario.
Aranguren planificó el tarifazo con un precio internacional del petróleo y el gas a la baja que todavía continua, y que no justificaba ni justifica ningún incremento en la factura. “Di Sbroiavacca, de la Fundación Bariloche, señaló que el precio del gas internacional es de u$s1,9 el millón de BTU y mediante el cuadro tarifario el ministro lo colocó en u$s5. Se trataba de una transferencia a las petroleras de u$s3.000 millones garantizándoles una ganancia del 150% (Página 12 13/7/16)
La salida del pueblo trabajador para no caer en la miseria es la movilización, reclamando la anulación, que se retrotraigan las tarifas a los valores de enero y que se abran los libros de las privatizadas que no invirtieron un peso en instalaciones y usaron los subsidios para fugar divisas y especular con títulos y acciones.
Para justificar los tarifazos, el gobierno ha levantado el espantajo de la escasez de gas, acusando a los trabajadores de “derrochar energía”. Pero el despilfarro de recursos es inseparable de la gestión capitalista que, por ejemplo, subsidia la depredación minera -hiperconsumidora de energía-, mientras victimiza a la población.
La crisis actual exige una planificación de la energía en función de los intereses de la mayoría, lo que plantea la renacionalización integral de los recursos bajo control obrero. Vamos todos por la abolición del tarifazo.
(*) Del Partido Obrero
