por Aurelio Nicolella*
En la provincia de Buenos Aires la
inseguridad dejó de ser una estadística para transformarse en una experiencia
cotidiana. Robos, entraderas, homicidios y violencia urbana forman parte del
paisaje diario de millones de bonaerenses que sienten, cada vez con mayor
claridad, que el estado se ha retirado de su función esencial: garantizar la
seguridad de los ciudadanos. En ese contexto, la gestión del actual ministro de
Seguridad provincial, Javier Alonso, aparece marcada por una preocupante
ausencia de conducción real. La seguridad pública, lejos de estructurarse como
una política integral del estado, parece haberse reducido a una sucesión de
anuncios, operativos esporádicos y estrategias comunicacionales que buscan
instalar una sensación de gestión que la realidad se encarga de desmentir todos
los días. El problema ya ni siquiera
distingue colores políticos. La inseguridad golpea con la misma crudeza en
municipios gobernados por la oposición y también en aquellos administrados por
intendentes del propio oficialismo provincial. Esto revela una verdad incómoda:
la crisis no responde a disputas partidarias locales, sino a la falta de una política
de seguridad seria, coordinada y sostenida desde el ministerio que debería
conducirla.
Hoy la provincia funciona como un archipiélago de municipios que intentan resolver el
problema del delito por su cuenta. Las secretarías de seguridad comunales operan muchas veces sin articulación efectiva con el ministerio provincial, sin planificación conjunta y sin un sistema de comando estratégico claro. La consecuencia es obvia: desorden institucional, dispersión de recursos y una creciente sensación de desprotección ciudadana. Además, la provincia de Buenos Aires concentra casi la mitad de los homicidios del país y más del 25% de los robos denunciados a nivel nacional, lo que revela el peso estructural que tiene el territorio bonaerense dentro del mapa del delito argentino.Mientras tanto, el dinero del erario
público bonaerense parece encontrar destino en programas cosméticos,
relanzamientos burocráticos y estructuras administrativas que privilegian el
impacto político antes que los resultados concretos. Se multiplican las mesas
de trabajo, los anuncios rimbombantes y las conferencias de prensa, pero en los
barrios la realidad sigue siendo la misma: patrulleros que no alcanzan, zonas
liberadas de hecho y vecinos que organizan su propia seguridad ante la ausencia
del Estado. En lugar de asumir la responsabilidad de coordinar y fortalecer el
sistema de seguridad provincial, no pocas veces se observa al propio ministro
enfrascado en discusiones públicas con autoridades municipales. Así lo vimos
recientemente discutiendo con la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez,
en un intercambio político que poco aporta a la resolución concreta del
problema que preocupa a los vecinos. Mientras los ciudadanos reclaman
soluciones, planificación y presencia efectiva del estado, el debate público
termina reducido a cruces políticos que no mejoran en absoluto la seguridad en
las calles.
Particularmente preocupante es lo que
ocurre con los dispositivos de asistencia a las víctimas del delito. Lo que
debería ser un sistema profesional, integrado por especialistas capaces de
brindar contención psicológica, orientación legal y acompañamiento
institucional, parece haber sido colonizado por criterios de acomodo político.
Militantes o designaciones sin la capacitación adecuada terminan ocupando
espacios que deberían estar reservados a profesionales formados para intervenir
en situaciones de extrema vulnerabilidad. Pero el problema no se limita
únicamente a las decisiones de gestión. También interpela directamente a la
idoneidad del funcionario que conduce la política de seguridad de la provincia.
De acuerdo con la propia información institucional difundida por el portal
oficial del ministerio, el ministro Javier Alonso cursó una maestría en
Ciencias Sociales con orientación en educación, además de una especialización
en gestión de políticas educativas en FLACSO. Su trayectoria profesional se ha
desarrollado principalmente en el campo académico y en el diseño de políticas
públicas vinculadas a la formación y la gestión educativa. En materia de
seguridad pública, los antecedentes consignados indican que se desempeñó como subsecretario
de Formación y Desarrollo Profesional del Ministerio de Seguridad de la
Provincia de Buenos Aires entre 2019 y 2023, y previamente como subsecretario
de Planeamiento y Formación del Ministerio de Seguridad de la Nación entre 2013
y 2015, además de haber trabajado como consultor en organismos internacionales
en temas de políticas públicas. Más allá del valor académico de esas
trayectorias, resulta legítimo preguntarse si un perfil construido
fundamentalmente en el ámbito de la formación, la planificación administrativa
y la gestión educativa reúne la experiencia operativa necesaria para conducir
la política de seguridad de la provincia más grande y compleja del país. Porque
la seguridad pública no es un seminario universitario ni un laboratorio de
diseño de políticas. Es un terreno donde se toman decisiones todos los días
frente a fenómenos criminales complejos, redes delictivas organizadas y
territorios donde el Estado debe ejercer autoridad real. Quizás por eso la
gestión transmite muchas veces la sensación de estar diseñada desde la lógica
de la planificación teórica antes que desde la experiencia concreta en la
conducción de estructuras de seguridad. No se trata de desmerecer la formación
académica, sino de advertir una evidente desproporción entre el perfil del
funcionario y la magnitud del problema que debe enfrentar. En otras palabras:
el perfil profesional que exhibe el actual ministro parece estar más vinculado
al campo de las políticas sociales o educativas que al comando operativo de un
sistema de seguridad pública atravesado por niveles alarmantes de criminalidad.
Y mientras el delito avanza con una lógica
cada vez más profesionalizada, la conducción política de la seguridad
bonaerense parece seguir atrapada entre diagnósticos académicos, estructuras
burocráticas y anuncios que rara vez logran traducirse en resultados concretos.
La seguridad pública no admite improvisaciones ni marketing político. Requiere
liderazgo, planificación estratégica, coordinación institucional y una
inversión inteligente de recursos. Cuando esas condiciones no existen, el vacío
lo ocupa inevitablemente el delito.
Hoy la provincia más grande del país
parece transitar exactamente ese escenario: un estado que comunica gestión
mientras la calle revela otra cosa.Y en materia de seguridad, cuando el estado
llega tarde o llega mal, quienes pagan las consecuencias no son los
funcionarios, sino los ciudadanos.
(*) Abogado.
