por Lisandro Martinez*
La denuncia original impulsada por la diputada Marcela Pagano apunta a un incremento patrimonial de Manuel Adorni del 500% en un único período fiscal y a una empresa offshore radicada en Uruguay vinculada al periodista Marcelo Grandío, señalado como socio de Adorni.
Con los Milei en la Rosada, Diego Spagnuolo obtuvo la dirección de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), un área estratégica por el volumen de recursos que administra y el alcance social de sus decisiones. Antes de ese desembarco, su antecedente había sido una breve gestión en el municipio de Pilar en Salud. Al frente de la ANDIS, Spagnuolo por indicación de Milei impulsó una amplia auditoría sobre las pensiones por invalidez, argumentando que el sistema era “poco transparente” y vulnerable al fraude y aseguraba que las irregularidades detectadas representaban pérdidas millonarias para el Estado, un “bluff” para acciones fraudulentas posteriores. Esa revisión derivó en la suspensión de más de 110.000 beneficios y dio de baja a otros miles, lo que generó reclamos de organizaciones y familias afectadas. Spagnuolo quedó envuelto en varios episodios oscuros. En marzo de 2024 recibió en su despacho a Ian Moche, un niño autista de 12 años que milita por la inclusión y a su madre Marlene Spesso. Spagnuolo defendió la idea de reducir pensiones y trasladar la responsabilidad económica a las familias. En esa reunión se dijeron cosas indignantes: “si tuviste un hijo discapacitado es problema de tu familia, no del estado”. En enero de 2025 salió la Resolución 187 que, escrita por analfabetos de LLA, utilizó palabras como “idiota” y “retardado mental” para clasificar grados de discapacidad intelectual. La reacción de personas afectadas, familiares
