El deliberativo retomó ayer sus sesiones, en forma presencial, con la asistencia en el recinto de un mínimo de personal y la ausencia de la prensa. Un taquígrafo, un jefe administrativo, un relator y dos operadores para el audio fueron los que acompañaron a los veintidós ediles presentes. No concurrieron Laura Lavandeira y Nazarena Mesías, ambas de Juntos por el Cambio.Un decreto establece el estado de sesión permanente y autoriza a los concejales a trabajar en comisiones de modo virtual, mientras permanezca la pandemia. Una de las ordenanzas instala el aplazamiento de pago de tasas, deudas de las mismas y la preferencia en las compras municipales a empresas locales. La otra fija la obligatoriedad del uso de barbijos o mascarillas de tela para quienes circulen en el distrito. Asimismo se le dio entrada a la rendición de cuentas del ejercicio 2019.
Por otra parte se decidió que las sesiones serán presenciales, con todos los recaudos impuestos en la cuarentena y que podrían transformarse en virtuales, si así fuera impulsado por las circunstancias. Si los vecinos tuviesen que presentar una nota, la mesa de entradas del Concejo tendrá una guardia para tal efecto, los lunes de 10:00 a 13:00. Todas estas medidas serán aplicadas durante el tiempo que dure la cuarentena.
Si bien se aprobaron estos expedientes, un hecho llamativo se dio en el pedido de tratamiento de una declaración de apoyo a la reapertura de la ex clínica Estrada. Porque cuando todo esto ya había sido acordado sin problemas, fue una simple declaración de apoyo a la reapertura de la ex clínica Estrada la que dio lugar a un rechazo.
Jorge Montero pidió la inclusión y tratamiento de una resolución por la cual se declara “de interés municipal, legislativo y sanitario” la apertura de la clínica “hasta la extinción de la pandemia”. Y mientras su proyecto, que fue puesto en conocimiento de los ediles en dos reuniones de labor parlamentaria, contaba con el acuerdo del oficialismo, fueron sus compañeros del Frente de Todos los que se negaron a dar lugar al tratamiento de su
proyecto porque -según trascendió- “no querían que el intendente se quedara con la clínica”.
Esto indica que esos ediles, a los que se sumaron también los del Frente Renovador, no tenían la más pálida idea de lo que es público desde la semana pasada: que el centro sanitario quedaría en manos de PAMI, y que el intendente desestimó su pedido por la clínica y el juez resolvió entregarla a la obra social de los jubilados. (¡Con leer la prensa local se hubieran enterado, señores/as concejales! )
De algún modo, el rechazo a la resolución es una forma de destrato hacia los vecinos, que reunieron más de 12.000 firmas pidiendo la apertura de la clínica, hecho que se menciona en el proyecto. Y un rechazo a un pedido de un par que, no casualmente sino por elección, es el jefe de uno de los bloques que integran ese frente.
¿Estarán propiciando la separación de Montero para que se constituya en un bloque propio? De ser así perderían a uno de sus principales defensores.
Marta Santos
