miércoles, 26 de julio de 2017

Entrelazamiento mafioso en Lanús

por Lisandro Martínez*

  La periodista Marta Santos (La Defensa 22/7/17) nos relata que en el Concejo Deliberante no se aceptó el tratamiento sobre tablas (ya que contó con sólo 8 votos favorables), de la solicitud de informes sobre la entrevista al Polaquito, de 11 años, en PPT, la intervención de Diego Kravetz y la falta de resguardo de los derechos del niño. Según el concejal sciolista Piccolo ya había conversado con el `secretario de Protección Ciudadana, quien se habría ofrecido a dar las explicaciones que requiriesen los ediles. Pero resulta que el funcionario Kravetz, que pretende dar explicaciones, está acusado de guionar el reportaje con Lanata. 
  En el Concejo Deliberante de Lanús y en el Congreso Nacional la oposición tiene el 70% de los votos y actúa en uno y otro recinto de común acuerdo con el macrismo y contra los derechos del pueblo; de allí que sea una ficción pretender que en el “honorable” haya un cuestionamiento a la política de arrasar con los derechos no sólo de los niños –aunque fueran delincuentes-, sino también avanzar en la instalación de un Estado policíaco, ya que al niño expuesto a la vendetta pública se lo ofrece en la picota para su linchamiento, primero mediático y luego para que sufra represalias inimaginables.
   Es de manual lo que pretende con la crucifixión pública de un menor el régimen de
barrabravas, desaparecedores de falopa, comisarios exonerados, proxenetas, extorsionadores y “mataguachos”. Con la mise en scène quieren justificar la brutalidad policial a la hora de la represión, lo que encubriría sus negocios ilícitos a toda escala, ya ampliamente denunciados incluso por Lilita -la embajadora yanqui- cuyas denuncias son pompas de jabón para, si se pudre, poder pontificar: “Yo lo adelanté”. Lilita con toda su verba en realidad lo que busca es que no se hable del ajustazo, como Durán Barba que prohibió hablar de economía en la campaña electoral frente al derrumbe social que las medidas antiobreras han producido, con la caída del consumo y el desempleo. 
   No obstante, hace 70 días que la Procuraduría de Provincia de Buenos Aires que está en manos del clero, tiene las denuncias más que suficientes para establecer que los funcionarios judiciales y la gavilla de Lanús e incluso el ministro Ritondo, están vinculados a la comisión de delitos, aprietes, sobornos, trata y que la Feria La Salada es una enorme caja negra de la política patronal al servicio de macristas, nac&pop y toda la política del choreo. Este emporio del negreo está vigilado estrechamente por todas las fuerzas de seguridad, implicadas en sacar un % y que el tugurio no pierda una moneda y financie a la política de los explotadores del pueblo.    
   El disimulo artero del Concejo Deliberante frente a todas las acciones delictivas o que rozan lo ilegal protagonizadas por el poder político en Lanús nos conduce de cabeza más rápido que tarde a una explosión popular, que como toda liberación de presión contenida va a dar que hablar.  
Lanata “lavaimágenes”
  La política de la denuncia vacía contra la mafia anterior -De Vido, etc.- vehiculizada a través de contratar a los Lanata, los Intratables, los Fantinos, etc. ha fracasado y se morfó la credibilidad de la más importante “estrella” de la TV patronal, un oportunista que como denuncia La Defensa: “Lanata ya estuvo por Lanús y vino a lavarle la imagen ¡a Quindimil!  metido hasta las orejas en escándalos como el Nichogate, el bingo, la agencia hípica y el cableado aéreo de la TV, entre otros negocios sucios”. El seudo periodista presupuestó un millonario reportaje a Manolo que lo posicionaba como “el mejor de los intendentes”. El mercenario de la TV no le ha hecho asco a nada en su larga trayectoria. 
  Un dato inolvidable es que a la hora de denunciar y luchar contra la corrupción K los únicos que pusieron el pecho desde el 2002 al 2010 fueron los obreros tercerizados del ferrocarril, ni la embajadora Lilita ni el sanatero Lanata estuvieron allí ni les interesó festejar como propio el pase a planta permanente de los 3.500 ferroviarios. Esa derrota de los K impidió que se impusiera la precarización al movimiento obrero que era política de los Nac&Pop y hoy es la política de Macri a través de los obreros monotributistas. En aquella situación, frente a la frondosa denuncia sobre corrupción del empresariado ferroviario, la burocracia pedracista y el gobierno, responsables de haber armado el escenario de emboscada que sirvió para asesinar a Ferreyra, no pasó nada.
   ¿Para qué sirvieron los políticos patronales en las legislaturas y en los deliberantes? Para hacerse los giles frente a denuncias probadas, enfriaron la cosa para que De Vido, Jaime, Schiavi y la patota de Pedraza no pagaran con perpetua sus crímenes, ningún politicastro se pronunció por cárcel perpetua para los criminales, siempre “dejaron actuar a la justicia” a pesar que la misma estaba siendo extorsionada y los jueces eran K y otros probados elementos nazis. 
  Es la misma actitud que siguen los bloques -de Juntos por Lanús (8 macristas), Unidad Ciudadana (6 cristinistas), Frente Renovador (5 massistas), 2 PJ, 1 Radical y Descartes (1 sciolistas)- en el Concejo Deliberante de Lanús.  
  Las causas de ilícitos en Lanús van desde la malversación en combustible para patrulleros a develar cual es el perfil que busca Kravetz al incorporar funcionarios. Daniel Villoldo, exonerado cuando era capitán de la policía en 2005 por extraviar 200 kilos de merca, fue nombrado subsecretario de Seguridad, incorporando a Pablo A. Chiaramonte, comerciante en Escalada oeste y seguridad en el Bingo Lanús, como director de seguridad y al chatarrero Pedro Damián Wojat como Coordinador de Patrullas Urbanas. Villoldo además puso a sus hijos a dar clases en la Escuela de Policía, a un sobrino arriba de una patrulla, a otro como encargado de mantenimiento de patrullas y a un exonerado a dar clases de artes marciales en la fuerza.
   La inseguridad pública es parte inseparable de la corrupción estatal. En su viaje a China Macri convalidó los acuerdos suscriptos por CFK y la empresa K Electroingeniería aplaudió la ‘seguridad jurídica’ que Macri y De Vido ofrecen, mientras los sobreprecios sin que los chinos comiencen aun la represa de Santa Cruz superan los 100 millones.
  Que se abran los libros del Municipio de Lanús y la Secretaría de Seguridad bajo control de comisiones de vecinos y organismos de DDHH, que convoquen a un concurso selectivo con oposición de antecedentes para evaluar aptitud y capacidad de los aspirantes a trabajar por la seguridad pública.

  (*) Precandidato a senador PO/FIT 4ª Sección Electoral