Como se recordará, Darío Diaz Perez (foto) dejó la intendencia de Lanús, envuelto en sospechas de casos de corrupción y uno de estos, el de las cooperativas, llegó a los estrados judiciales donde la mano piadosa de la “justicia” lo cajoneó, porque el pronóstico decía: "culpable". Hoy, Diaz Perez, está de nuevo salpicado por sospechas de corrupción en el manejo que efectuó como presidente del Instituto Obra Social de las Fuerzas Armadas (Iosfa), la cobertura médica del personal militar civil y de las fuerzas de seguridad. En esa obra social, Oscar Sagas, el presidente designado por Javier Milei anunció que encontraron una serie de irregularidades en gastos en personal, licitaciones de obras, erogaciones en vales de nafta y teléfonos celulares, y está a a estudio la posibilidad de que Darío Diaz Perez sea denunciado penalmente.
Iosfa es por su tamaño la tercera obra social del estado, después de PAMI y IOMA. Tiene ingresos por alrededor de $20.000 millones y unos 4.500 empleados. Las nuevas autoridades dieron de baja licitaciones vigentes por $625 millones destinadas a reparaciones edilicias o para la protección de un archivo de recetas en papel, un procedimiento obsoleto con el pasaje a la receta digital. Señalaron que el Iosfa tenía 244 cargos directivos que se reducirán a la mitad. Y que Diaz Perez tenía 16 asesores, y una cantidad de monotributistas y contratados que serán finamente escrutados. El Iosfa de Diaz Peres pagaba 153 teléfonos celulares, de los cuales 50 se dieron de baja automáticamente. Los vales de nafta por ejemplo, eran una verdadero festival, y ahora todos esto está siendo auditado y aún no fue elevado a la Sindicatura General de la Nación (Sigen).
