por Fernando Cabrera*
Una buena idea que necesita reglas claras
La creación de una Escuela de Formación para la Policía de Prevención Municipal de Lanús puede ser una herramienta necesaria. Si el municipio pretende tener agentes destinados a tareas preventivas en las calles, es razonable exigir que estén capacitados, evaluados y profesionalizados. Pero una política de seguridad no puede evaluarse solamente por sus buenas intenciones. El proyecto deja abiertos interrogantes jurídicos, institucionales y, fundamentalmente, económicos que deberían ser respondidos antes de poner en marcha una estructura que será financiada por todos los vecinos.
1. ¿Qué puede hacer realmente un agente municipal?
La Ley 13.482 organiza las policías de la provincia de Buenos Aires y establece las funciones esenciales de las policías de seguridad. Entre ellas se encuentran prevenir hechos delictivos o contravencionales, hacerlos cesar, realizar determinadas actuaciones, preservar rastros, actuar como fuerza pública y otras funciones previstas legalmente.
El proyecto municipal, en cambio, sostiene que el personal de prevención municipal no reemplaza a la policía de la provincia ni asume sus competencias. El principio es correcto, pero la delimitación práctica no aparece suficientemente desarrollada.
¿Qué hace el preventor municipal frente a un robo en flagrancia? ¿Qué puede hacer ante una persona armada? ¿Puede perseguir, reducir o retener? ¿Quién preserva la escena? ¿Quién toma el mando cuando
llegan ambas fuerzas?Estas cuestiones no deberían quedar libradas a la interpretación del agente.
2. El encuadre jurídico necesita mayor precisión
La Ley Orgánica de las Municipalidades reconoce competencias municipales dentro de su ámbito y, en su artículo 286, contempla el poder de policía municipal en materias propias, concurrentes o delegadas conforme a la Constitución y las leyes. A su vez, la Ley 13.482 establece la organización, funciones, dirección y coordinación de las Policías de la Provincia. Por eso, una estructura municipal denominada “Policía de Prevención Municipal” necesita una delimitación jurídica especialmente clara para evitar superposición o confusión de competencias. Una cosa es capacitar personal municipal para prevención y otra es crear, bajo una denominación policial, una estructura que pueda terminar realizando funciones reservadas a las fuerzas provinciales.
3. El verdadero agujero: el costo de la política
Este es probablemente el mayor interrogante del proyecto. El decreto crea una estructura permanente, pero no presenta en el material analizado un cálculo integral de cuánto costará implementarla y mantenerla. El informe técnico contempla dirección, coordinaciones, docentes, instructores, consejo académico, capacitación, formación permanente, especialización, entrenamiento, tecnología y articulación con otras instituciones. Todo eso tiene un costo. La Ley Orgánica de las Municipalidades establece el marco presupuestario municipal y el principio de que el presupuesto comprende los gastos y recursos, funcionando además como límite de las autorizaciones de gasto.
Por eso la pregunta es inevitable: ¿Cuánto le va a costar esta política al vecino de Lanús? No cuánto cuesta escribir el decreto. ¿Cuánto cuesta poner en funcionamiento y sostener toda la estructura?
4. Hay que calcular el costo completo
El costo no es solamente el salario de los agentes. Hay que contemplar:
• Personal: salarios, cargas sociales, adicionales, horas extras,
reemplazos y licencias.
• Formación: docentes, instructores, instalaciones, materiales, simuladores,
evaluaciones y certificaciones.
• Operación: móviles, combustible, mantenimiento, neumáticos, seguros y reparaciones.
• Tecnología: comunicaciones, GPS, cámaras, almacenamiento de información y
mantenimiento.
• Equipamiento: uniformes, elementos de protección, radios y equipamiento
operativo.
• Estructura administrativa: dirección, coordinaciones, administración,
asesoramiento jurídico, recursos humanos y control.
Y existe un costo todavía más importante: el futuro. Una estructura permanente genera obligaciones salariales y operativas durante años. Por eso no alcanza con saber cuánto cuesta crearla. Hay que conocer cuánto costará mantenerla durante los próximos cinco o diez años.
5. ¿De dónde saldrá el dinero?
El proyecto debería responder si la estructura se financiará con recursos municipales corrientes, reasignación de partidas, fondos provinciales, convenios u otras fuentes. También debería aclarar si existe una partida específica en el presupuesto vigente, si será necesario modificarlo y qué recursos estarán afectados a la escuela y al cuerpo preventivo. La discusión no debe ser solamente política: tiene que ser presupuestaria y verificable.
6. ¿Se están duplicando estructuras?
Lanús ya puso en marcha la convocatoria para incorporar personal a la Policía de Prevención Municipal y el Municipio también informó mecanismos de formación y articulación institucional. Por eso corresponde preguntar qué parte de la nueva escuela es realmente nueva, qué funciones ya se realizan mediante estructuras existentes y cuál es la mejora concreta que justifica crear una estructura permanente propia. Antes de agregar cargos y gastos, el municipio debería demostrar que no está duplicando funciones y estructuras.
7. Las 400 horas de formación también tienen un costo
El informe técnico menciona una formación inicial de 400 horas reloj. El dato es importante, pero no alcanza.Hay que conocer cómo se distribuyen esas horas entre derecho, derechos humanos, primeros auxilios, conducción, resolución de conflictos, procedimientos, tecnología, entrenamiento operativo y simulaciones. Y, fundamentalmente, cuánto cuesta formar a cada agente.
Si se forman 100 personas, ¿cuál es el costo total? ¿Cuánto cuesta luego mantener la capacitación permanente? El propio proyecto establece formación continua, por lo que no estamos frente a un gasto único sino frente a una política de gasto recurrente.
8. Falta medir resultados
Si el Municipio va a invertir recursos públicos en prevención, debe poder demostrar qué obtiene a cambio.
El proyecto debería incorporar indicadores públicos: cantidad de agentes, costo por agente, horas de capacitación, cantidad de móviles, costo operativo, zonas cubiertas, tiempos de respuesta, intervenciones, derivaciones a la Policía, denuncias contra agentes, sanciones y resultados.
Sin indicadores, es difícil saber si el gasto está produciendo una mejora real en la seguridad.
9. La seguridad necesita reglas, controles y rendición de cuentas
El proyecto puede y debe ser mejorado antes de su implementación.
Debería incorporar una delimitación precisa de competencias, protocolos de actuación conjunta con la Policía Bonaerense, reglas sobre uso de la fuerza, régimen disciplinario, evaluaciones periódicas, mecanismos de denuncia, auditoría, registro de intervenciones, carrera profesional y un sistema público de rendición de cuentas.
La profesionalización no termina con un curso. También implica control, evaluación, presupuesto y transparencia.
Conclusión
La discusión seria no debería ser si Lanús necesita capacitar a sus agentes. Sí, los necesita.
La discusión es con qué competencias, bajo qué marco jurídico, con qué controles, con qué presupuesto y con qué resultados esperados.
Crear una Escuela de Formación puede ser una buena decisión. Pero antes de pedirle al vecino que financie una nueva estructura de seguridad, el Gobierno debería poder responder una pregunta sencilla:
¿Cuánto va a costar y qué resultados concretos vamos a obtener por cada peso que se invierta?
La seguridad es demasiado importante para improvisar. Lanús necesita prevención, pero también necesita responsabilidad fiscal, límites claros y rendición de cuentas.
Fuentes normativas consultadas
· Ley 13.482 de la Provincia de Buenos Aires — organización y funciones de las Policías provinciales.
· Decreto-Ley 6.769/58 — Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires.
(*) Presidente de la Fundación Argentina Segura
