Sigue la polémica por la sucursal bancaria en el Polo Educativo

 Eduardo Ugarte (foto) quien denunció que el intendente Nestor Grindetti le había cedido un terreno en el Polo Educativo de Villa Jardín al Banco Santander para instalar una sucursal, sostiene que la rápida desmentida del concejal Marcelo Villa al respecto (ver notas aparte) “no responde lo esencial”. Dice Ugarte: “Supongamos, por un momento, que (Villa) tiene razón y que no existió una venta del terreno sino un alquiler. La pregunta sigue siendo la misma: ¿Era necesario destinar un espacio público de un Polo Educativo a una entidad financiera privada? ¿Era indispensable modificar ese sector del predio para que un banco instalara allí una sucursal? Más llamativo aún es que la desmentida no dice una sola palabra sobre la denuncia ambiental. En mi publicación señalé que para construir esa sucursal fueron talados más de treinta eucaliptos centenarios. Sobre ese punto, silencio absoluto. Ni una explicación, ni un dato, ni una justificación. Si la iniciativa tenía un ‘fin social clarísimo’, como afirma Villa, la comunidad tiene derecho a saber cuál fue el costo ambiental de esa decisión, qué autorizaciones existieron, qué estudios se realizaron y si hubo alguna compensación por la pérdida de ese patrimonio arbóreo.  La discusión no pasa solamente por la propiedad de la tierra. Pasa por el modelo de ciudad que queremos. Una ciudad que protege sus espacios públicos, sus escuelas y sus árboles, o una ciudad que considera natural ceder sectores estratégicos a intereses privados bajo cualquier argumento circunstancial. La desmentida intenta cerrar el debate. En realidad, lo abre. Porque si el terreno continúa siendo municipal, como se afirma, entonces resulta aún más legítimo preguntar por qué se autorizó la intervención, quién la aprobó y qué beneficios concretos obtuvo la comunidad a cambio de perder parte de un entorno verde que pertenecía a todos. Los vecinos merecen respuestas completas. No solamente aclaraciones sobre papeles y contratos, sino también explicaciones sobre decisiones que afectan el patrimonio ambiental y la calidad de vida de las futuras generaciones”, afirma Ugarte.