lunes, 7 de abril de 2014

El estado está presente y garantiza la inseguridad

por Lisandro Martínez*

lisandromartinez47@yahoo.com.ar

Los delitos millonarios que se perpetran en Argentina tienen al  Estado como partícipe necesario y, como decía el célebre periodista Rodolfo Walsh al momento de investigar “todo está en los diarios”. 
  “La trata de personas” se desenvuelve en cada rincón de país con el OK de las autoridades. Los prostíbulos donde se esclavizan niñas y mujeres secuestradas, son lugares públicos que retratan en detalle el retroceso civilizatorio y la misoginia de la continuidad de un sistema social caduco, que se expresa en toda su brutalidad coartando la libertad femenina a disponer del propio cuerpo prohibiendo el derecho a abortar. 
  Los lupanares son el lugar donde el tráfico, la venta de drogas y de consumo obligado para las esclavas sexuales se impone para extraer más dividendos. Los proxenetas son denunciados por organizaciones independientes y vecinos, en la Recolecta de Macri y también donde gobiernan los Nacionales y Populares y otras fracciones patronales. 
  Para ilustrar la complicidad de las autoridades de todo el país nada mejor que recordar que en Salta en 2013 fue detenido dentro de un prostíbulo Carlos Villalba del FV, intendente de Salvador Maza. Desde el principio se dijo fue a entregar mujeres o narcóticos (Tiempo Argentino 15/8/2013). También fue denunciado el juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni. “La Alameda pidió que la Justicia lo investigue por tener 6 departamentos donde se ejerce la prostitución”. (La Nación 5/8/2011)
  En la senilidad capitalista la mujer es considerada incluso por la Santa Iglesia Católica como un envase reproductor. Esto justifica los crímenes horrendos de los hijos del poder, por ejemplo en los ‘90 el caso María Soledad en Catamarca,  más adelante en 2003 en Santiago

del Estero fueron asesinadas en una orgía en el Hotel Carlos V, Leyla Bshier Azar y Patricia Villalba cuyos cadáveres fueran encontrados en La Dársena. “Se trataba de dos jóvenes muertas de manera brutal y cuyas desapariciones habrían quedado en la nada si no se hubieran combinado factores que permitieron investigar a fondo y probar que el crimen comprometía a empresarios y funcionarios vinculados con el caudillo peronista Carlos Juárez”. (www.ellitoral.com.ar 14/11/2012). 

  En Santiago del Estero “el hijo del diputado José Herrera del FV por la impunidad de que gozan los poderosos secuestró a su ex novia, la golpeó, la violó durante tres días y la amenazó de muerte”. (Clarín 27/3/2014). Todo esto lo hizo a pesar que la mujer realizó la denuncia correspondiente un año atrás y el “violín” golpeador tenía una orden de no acercarse a su ex novia. 
  Pero no todo el negocio pasa por la explotación sexual. También “la trata” se alimenta de hombres y mujeres esclavos que trabajan en talleres clandestinos de costura. Gustavo Vera señaló por radio: “Desde la Alameda conocemos muy bien las redes de trata de personas, ya que en el 2010 fue detenido Zacarías Estrada Umiri. Este delincuente traficaba costureros desde Bolivia, pasados por General Güemes a 50 km de la capital de Salta, para luego esclavizarlos en la Capital Federal para favorecer a grandes marcas de ropa, como Kill” (Radio del Plata “La vuelta de Zloto” 15/8/2013).
  En la utilización de mano de obra esclava está involucrada directamente Juliana Awada, esposa de Mauricio Macri -máxima autoridad de la ciudad de Buenos Aires- quien fue denunciada por ser propietaria de una empresa de ropa que produce en talleres clandestinos. También fue denunciado su hermano mayor como dueño de la marca Cheeky, quien, acusado por el mismo delito, fue sobreseído nada menos que por el actual ministro de Seguridad y Justicia de la ciudad, Guillermo Montenegro, poco antes de que dejara su puesto como juez federal”. (Miradas al Sur 9/1/2011).  
  El prestigioso sitio español www.publico.es el 8/4/2013, señaló: “El 78% de la industria textil (en Argentina) utiliza talleres clandestinos con horarios de 13 y más horas diarias. A mediados de marzo de 2013 fue clausurado en Buenos Aires un centro de explotación de costureros esclavos en el que se confeccionaba ropa para Zara,  Ayres y Cara y Cruz “.
  Sobre el narcotráfico: “El obispo y presidente de la Comisión de Pastoral Social del Episcopado, Jorge Lozano, aseguró que “es imposible” que las bandas de narcotraficantes se expandan e instalen a lo largo del territorio argentino sin el visto bueno, sea por coima o por extorsión, de algunos funcionarios de algunos poderes ejecutivos” (www.elliberal.com.ar 17/11/2013) 
  Con el apriete se incorpora a CFK a la política vaticana ya que es público que “en la campaña electoral de 2007 los aportantes depositaron en la campaña financiera de ‘Cristina Presidente’ cheques pagados por droguerías a mexicanos acusados de narcotráfico” (Clarín 1/7/2007) 
  Lo notable es que Cobos de la UCR, candidato a vicepresidente, nunca denunció los aportes del cartel de Sinaloa para la Campaña. 
 Ministros, concesionarios y funcionarios del transporte organizaron el saqueo millonario de subsidios y el asesinato de Mariano. 
El método de linchamiento o justicia por mano propia propuesto por proto nazis como Carlos Maslaton, abogado de Unión por todos, quien por radio y TV propuso “matar a los delincuentes capturados in fraganti” desnuda métodos fascistoides para resolver la inseguridad. El argumento de Massa y Macri de la responsabilidad del estado refuerza la necesidad de rechazar esto, porque el linchamiento desliga al poder del estado.
 Lo que está en debate es la organización social responsable de lo que ocurre. 
 El funcionamiento de la justicia y la policía es vergonzoso, los jueces y las fuerzas de seguridad deben ser electos y revocables por el voto popular y responsables frente a los ciudadanos. 
   Durante 6 años, Scioli aplicó la emergencia de seguridad sin resultados; ahora propone 1 año para “acorralar el delito”, pero al delito hay que combatirlo en el nicho donde se organiza. La policía es vertical y obedece órdenes, siempre ligadas a intereses políticos y -en la descomposición- a la acumulación económica del funcionariado y grupetes.
 Esto tiene que ser desmantelado, a cambio Scioli propone: la autonomía de la bonaerense, reincorpora a 8.000 agentes sumariados por delitos agravando la inseguridad e impulsa el negocio del juego que va de la mano con el lavado de dinero.   
 No hay 10 ni 100 fiscalías antinarcotráfico que valgan si el dinero sucio fluye por los canales institucionales.
 (*) Miembro del PO