por Lisandro Martinez*
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En 1871, bajo la presidencia de Sarmiento, se produjo en Buenos Aires el cuarto recrudecimiento (1852, 1858, 1870, 1871) de una epidemia mortal llamada Fiebre Amarilla que liquidó al 8% de la población.
Sarmiento, quien 35 años antes había plasmado su ideario, escribió en Facundo que para acceder al capitalismo “no hay que ahorrar sangre de gaucho”. Estaba guiado no precisamente por el humanismo. El desastre de la peste obligó al régimen político a hacer algo luego de 20 años del primer brote epidémico del “vómito negro”. La provisión de agua era insuficiente, los pozos ciegos habían contaminado las napas y los trabajadores inmigrantes europeos, llamados por avisos en los diarios internacionales “a venir hacer la América”, eran el 50% de la población según el censo de 1869 y morían como moscas junto a negros, mestizos y paisanos.
Dos décadas de epidemia, mortandad, liquidación física de trabajadores y sirvientes pusieron en riesgo de extinción a los explotables. Esa emergencia “industrial” se combinó con un proceso de indignación popular y pánico que acusaba al poder por su tibieza, reclamándole la clausura definitiva de los saladeros. Esto conminó al gobierno de Sarmiento a tomar medidas drásticas, como:
1. Proveer de agua a los conventillos –verdaderas madrigueras infectas donde vivía hacinado el incipiente proletariado- haciendo que los empresarios del Ferrocarril Oeste que tenían en la Recoleta un tanque de agua con filtros que utilizaban sólo para alimentar a las locomotoras destinaran una porción del líquido para distribuirlo entre la gente, mediante el sistema de carros aguateros. 2. La otra medida radical que obligadamente tomaron los gobiernos nacional, provincial y municipal fue trasladar los saladeros. A esos empresarios se los premió luego de 70 años de
envenenar el Riachuelo con la excepción impositiva clásica de la “epopeya del riesgo industrial cero”.
Las medidas fueron dictadas para que la peste no alcanzara a las clases poseedoras (quienes se habían refugiado en casas quintas a muchos kilómetros de Buenos Aires) y para no exterminar la mano de obra, verdadera gallina de los huevos de oro.
En 1884 luego de la descontaminación y obras de dragado en el Riachuelo volvieron a aparecer los “arriesgados industriales” instalándose ilegalmente con frigoríficos, curtiembres, industrias metalúrgicas y tintorerías industriales. Así retornaron los basurales, la contaminación y el vuelco de los desechos industriales, sumándose los desagües cloacales.
Después de navegar el Riachuelo en 1985, Jacques Cousteau dejó constancia en conferencia de prensa del horror que le causó la degradación ambiental producida por los empresarios en la cuenca Riachuelo/Matanza.
En 1993, Menen y María Julia encararon el simulacro que habitualmente acompaña el negocio espurio y prometieron que “en tres años el Riachuelo estará limpio”. En 1997 recibieron del BID un crédito de u$s 250 millones y se logró establecer que u$s 40 millones se gastaron en estudios de consultoría o en remover barcos hundidos, un negocio redondo que pagan los chatarreros. Los u$s 210 millones desaparecieron.
En el 2004 Beatriz Mendoza, contaminada de polineuritis, logró junto a vecinos de Villa Inflamable enjuiciar al estado y a una docena de municipios por contaminar a 5 millones de habitantes de la cuenca. “El régimen del simulacro y el negocio tomó el Juicio “histórico” en el aire y lo transformó en un cheque al portador de u$s 3.500 millones!
El poder había coptado antes a Picolotti y ahora Mendoza es Secretaria de Medioambiente de Avellaneda, dando pruebas que sin independencia política del Estado las luchas están perdidas.
La Suprema Corte de Justicia consideró que la causa tenía como objeto exclusivo la tutela del bien colectivo. “En tal sentido, la prioridad absoluta es la prevención del daño futuro, ya que en el presente se trata de actos continuados, que seguirán produciendo contaminación”, dijo. Es decir no hay pena a los responsables.
La corte además resolvió “solicitar al empresariado que produzcan a través de sus compañías de seguros un fondo de restauración ambiental que instrumente acciones de reparación”.
La reparación ambiental no va a funcionar por “solicitarle” de buena onda a envenenadores históricos y seriales que hagan buena letra. Hasta ahora ni los medios ni la justicia registraron que los industriales truchos hayan depositado una moneda para esa reparación.
Los 3.500 palitos verdes desde 2008 ya están siendo dilapidados como lo fueron otros créditos millonarios pero más modestos por los gobiernos del PJ, la Alianza y Duhalde. Ese monto con la creatividad del funcionariado adiestrado podrán ir en un gran porcentaje a “la subejecución”, una forma de no utilizarlos para lo comprometido y derivar el “sobrante” al paraíso fiscal que corresponda.
“La Auditoria General de la Nación (AGN) reveló en informes de diciembre 2013, que hubo subejecución presupuestaria efectuada por ACUMAR. En base a datos del Sistema Integrado de Información Financiera, los auditores detectaron que el Estado Nacional ejecutó $1.023.813.803 en programas de la Cuenca, a pesar de contar con un crédito inicial de $1.909.269.856. A diferencia de lo acontecido con el gasto total de la Administración Nacional, que ejecutó un 11,2% por encima de lo presupuestado, esta información pone de manifiesto una ejecución del 46,4% por debajo de lo previsto por la Ley de Presupuesto”, señala la AGN.
Según su página web (www.acumar.gov.ar), el organismo tiene por obligación articular políticas públicas comunes y coordinar los esfuerzos interinstitucionales para la implementación del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA).
El PISA es de “vital importancia para la programación, planificación, evaluación y control de gestión e inversiones” (AGN). Por el convenio firmado entre ACUMAR y AGN en 2011, el PISA unifica información respecto de las inversiones de ACUMAR (Estado Nacional, PBA y CABA). La AGN señala que ACUMAR cuenta con un gran cúmulo de información pero “mucha de ella no está en el PISA”. Allí los créditos iniciales y vigentes no figuran.
En este juego de “inversiones, cajas y transferencia” un rol destacado es el de Agua y Saneamientos Argentinos SA (Aysa).
“El narcotráfico, la trata de personas, la contaminación masiva y todas las formas de crimen organizado no son posibles sin una connivencia con los organismos de seguridad y con el sector político. En el caso del Riachuelo, hay una clara connivencia con intendentes y políticos del conurbano”. (Antonio Elio Brailovsky “El Tribuno de Salta, 10/11/13)
(*) Miembro del Partido Obrero
