por Marta Santos
La última sesión del Concejo Deliberante, no tuvo desperdicio. La expectativa estaba puesta en la aprobación de la nota de descargo al Tribunal de Cuentas y del expediente que intenta resolver el tema de la devolución de parte de las dietas, que afecta a 34 ediles de Lanús. El que corresponde al Tribunal de Cuentas, impugna el fallo que dispone la devolución y en el otro, una resolución solicita a la Legislatura que modifique un punto del artículo 92 de la Ley Orgánica Municipal (LOM).
Estos documentos se resolvieron en dos semanas, sin pase por comisión alguna, y fueron tratados sobre tablas -se pidió inclusión y tratamiento en la sesión- para ser aprobados por unanimidad en el recinto. Todo en trámite acelerado.
Desde que recibieron la notificación del fallo del Tribunal la mayoría de los concejales no tuvo ningún “compromiso” que hiciera que faltasen a las reuniones donde se debía debatir el tema. Si alguno no asistió, estuvo debidamente consultado e informado por los restantes para ajustar las decisiones, que terminaron siendo una sola. Esto señala que es fácil ponerse de acuerdo cuando todos son tocados por los mismos intereses.
Lo cierto es que ninguno fue al ejecutivo a decir que devolvía lo que se les está reclamando, a pedir un plan de pago o a presentar una nota que lo solicitase. Nota que sí salió para informarle al organismo de control que el ejecutivo está liquidando bien. ¿Que hay infinidad de complicaciones para resolver el tema como lo solicita el Tribunal de Cuentas? ¿Que habría que hacer numerosos reclamos e ingentes esfuerzos en muchos organismos para devolver y/o recuperar los montos reclamados? Es probable que sea así. Pero es de considerar que si todo ello le correspondiera a un empleado o jubilado común, seguramente esos mismos organismos y el estado no cesarían en girar información, presentar demandas y hasta trabar embargo para lograr su objetivo. A ellos no habría decisión política que los salvase de la devolución de lo reclamado.
También hay que tomar en cuenta que hay una disparidad: el Tribunal reclama a los ediles pero no al intendente. Según los concejales, si ellos deben devolver también debería hacerlo
el jefe comunal, ya que se le liquida con la misma fórmula. Pero el fallo no menciona que deba hacerlo.
En este caso es de esperar que la solución sea política: la Legislatura reformaría el cuestionado artículo de la ley, que tendría efecto retroactivo en su interpretación y con eso el fallo del Tribunal se cambia en la sentencia definitiva. Y verían los vecinos de Lanús con qué rapidez lo tramitan diputados y senadores provinciales. No habría huelgas, ni discusiones partidarias ni falta de quórum, ya que la medida afecta a ediles de todos los partidos con representación deliberativa.
Ello nos lleva a preguntarnos qué intereses personales juegan en el HCD a la hora de resolver los grandes problemas que tiene el distrito con la misma celeridad. El ejemplo lo tenemos en seguridad y en las tres reuniones de comisión en que no se pudo tratar el tema por falta de asistencia de algunos de sus integrantes o en expedientes que están esperando tratamiento desde el año pasado o desde antes, como el de forestación. Para muestra basten estos botones.
Pero claro, estos son problemas que afectan a los vecinos. Nada que ver con el bolsillo de los concejales.
