por Lisandro Martínez*
En 2015 surgió el primer informe sobre la extranjerización de las tierras en Argentina. El estudio arrojó que 1.113.654,85 ha, 7% del total, eran propiedad de capitales extranjeros y las empresas dueñas estaban radicadas en guaridas fiscales (www.caircampos.org 6/1/2020).
Con los Panamá Papers se conocieron por miles documentos que fueron filtrados a los medios en abril 2016, y allí se descubrió que los poderosos del mundo mediante empresas offshore evadían impuestos. Estos delincuentes en Argentina son empresarios de renombre que fugan sus capitales y luego lavan sus fortunas comprando tierras en efectivo.
La hipocresía del funcionariado frente a los lavadores de guita, los inhabilita a darnos cátedra de nada, ya que son incapaces de responder: ¿Quién es el usurpador número uno: los sin techo o los lavadores de dinero? Esto sucede en un país quebrado y en manos de la delincuencia internacional, mientras la milicada bonaerense se pavonea con la celeste y blanca.
La ocupación de miles de sin techo en la PBA ha puesto de manifiesto en 2020 la catástrofe social a la que nos ha arrojado el régimen capitalista y sus partidarios políticos.
Esto se agrava cuando los hipócritas que detentan el poder colocan retenes y barricadas para garantizar la cuarentena y el distanciamiento social por la pandemia a pesar de haberse negado rotundamente a resolver los problemas de la salud pública, la urbanización y la carencia de
Huir de los Nac& Pop
El detalle siniestro de las tomas es que El Vaticano, con Juan Grabois (MTE), intenta crear fuentes de trabajo con el dinero de los planes sociales y el IFE; mientras, Sergio Sassia de la UF quiere una porción del impuesto al salario que se le cobra a los obreros para subsidiar a las patronales y que tomen personal tercerizado sin derechos laborales.
La inutilidad política del (FT) y (Pro) es manifiesta y va de la mano con el enriquecimiento de los protagonistas de la estafa al pueblo trabajador que paga sus impuestos mientras la patronal los evade.
Cuando se promulgó la ley Pierri -Ley 24374- a mitad de los noventa, el escenario donde militaban partidos, agrupaciones de izquierda y muchos profesionales (abogados, urbanistas y arquitectos) que apoyaban a miles de familias sin techo, chocaba con la tramposa actividad de inescrupulosos que respondían al poder político y se apropiaban de las tierras sin dueños con el simple mecanismo de estar avisados por manipuladores del Catastro de PBA, que ante cualquier movimiento popular de vecinos sin techos siguen apareciendo todavía, con títulos truchos en mano con la tinta aún fresca e intentan pasar como propietarios para lotearle a los sin techo tierras fiscales o sin dueños. En varios municipios se ha restringido el acceso al Catastro para evitar se identifiquen tierras ociosas con deudas municipales. La actividad de los punteros que responden al poder es frenética y arroja docenas de sin techos estafados, a quienes les venden lotes sin papeles de propiedad.
Este trámite siniestro es un filón de la usura y el lucro inmobiliario donde Berni -el grumete de un barco que se hunde- barre con los derechos constitucionales y actúa de abanderado de la propiedad privada oponiéndose junto a Kicillof a satisfacer las necesidades básicas del soberano.
Un régimen enemigo del pueblo
En Argentina los poderes públicos no garantizan derechos constitucionales por los que jura cuando asume el funcionariado. Los funcionarios niegan que el derecho a la vivienda digna sea para todos. A un desempleo atroz, más un trabajo en negro que supera el 50%, se suman alquileres inabordables para ingresos mensuales inexistentes. Esto además se agudiza con la falta de planes de viviendas populares.
La notoria incompetencia del poder político que no acciona contra las propiedades y tierras ociosas pero sí en cambio penaliza rigurosamente las ocupaciones pacíficas de tierras y viviendas abandonadas, revela una política oficial de ensañamiento contra el trabajador y expresa que el objetivo es criminalizar al laburante y procurarle una mayor exclusión social si fuera posible.
Desaprensivamente los planes gubernamentales apuntan a la construcción de más cárceles y a la incorporación de más policías que aprieten aún más a las agobiadas barriadas obreras, llevándolas a la exasperación ya que los vecinos son a su término víctimas propicias a ser asaltadas, robadas e intoxicados sus jóvenes con narcóticos provistos por el régimen de las zonas liberadas con el auspicio de las seccionales.
Sin plan de viviendas las tomas de tierras crecen sin parar
Solamente en la provincia de Buenos Aires (PBA) se estima que hay un total de 4.300 hectáreas tomadas. Entre julio y agosto hubo 315 intentos de tomas. El ministro de Seguridad de la PBA, Sergio Berni, afirmó a los medios que “es un delito que está organizado” (www.aa.com.tr/ 10/9/2020).
En julio pasado, 2.500 familias se instalaron en unas 15 hectáreas en la zona de los barrios Villa Numancia Sur y San Martín, en Guernica, Presidente Perón. La Policía Bonaerense, por orden judicial, cerró el predio; se abrió una causa penal para 533 personas imputadas por el delito de usurpación y más de 30 vehículos con materiales de construcción fueron secuestrados.
Lo que vale es el programa:
1. Censo familiar en la toma que garantice la propiedad del terreno y las prioridades de cada familia y de las obras que se construyan.
2. El estado -nacional, provincial y municipal- garantizarán el presupuesto hasta finalizar las obras votadas por la asamblea del barrio.
3. Movilizar al municipio por chapas, tirantes, herramientas, arena, ladrillos, etc. para levantar la cantidad de techos elementales que cobijen mientras dure la obra a las familias de la toma.
4. Merenderos, comedores y centros de asistencia médica abastecidos por PBA.
5. Plan de obras públicas y edificación bajo control obrero convocando a las Universidades de ingeniería y arquitectura.
6. Se determinará un contrato de obra con horarios de 8 horas con descansos. El presupuesto de obras, material, etcétera, estará a cargo de PBA. La mano de obra para levantar el barrio la proporcionarán los vecinos desocupados de la toma que recibirán mensualmente un pago igual al costo de la canasta familiar establecido por la Universidad de Rosario.
7. Congreso de trabajadores que vote un plan de industrialización colocando la economía nacional bajo control obrero.
(*) Del Partido Obrero Tendencia
