jueves, 25 de octubre de 2012

Campomar: La Dirección de Derechos Humanos del municipio no hizo nada


por Marta Santos

"La sangre derramada no
será negociada"
“Fuimos a hacer la denuncia a la dirección de DD.HH. del municipio. Tomaron nota pero nunca nos llamaron. No hicieron nada”. La frase se desliza en medio de la entrevista radial que hago con Juan Ayala, residente de Valentín Alsina y periodista, que a partir de su inquietud reunió los primeros testimonios de vecinos relacionados con la ex fábrica Campomar como posible centro de detención y tortura en los años del terrorismo de Estado.
Ayala aclara que en el primer momento pidió a la justicia que investigase, porque lo que había reunido eran testimonios “de oídas” de vecinos que hacían comentarios “como al pasar”, en conversaciones ocasionales. Pero cuando comenzó a trascender el proyecto inmobiliario “Nuevo Valentín Alsina” -en junio de este año- temió que, de ser ciertos estos comentarios, las obras destruyesen lo que hay en el lugar y que pudiera servir de prueba en el caso de los desaparecidos. “Todo comenzó como
investigación periodística -me cuenta- cuando me enteré que el proyecto inmobiliario pretendía quitarle un pedazo a la escuela Nº9 , precisamente el corazón del establecimiento educativo. Me acerqué a la reunión que se realizó entre el presidente del concejo Héctor Bonfiglio, el presidente del Consejo Escolar Roberto Crovella, la jefa de inspectores Marcela Cancela, tres representantes de la empresa  Electroingeniería  y la comunidad escolar. Les ofrecían computadoras a cambio de una franja de terreno que es un tercio del colegio y la comunidad educativa no quiso saber nada de ceder su espacio. Pero en esa reunión comencé a hablar con padres y docentes, muchos de ellos ex alumnos de la escuela, que me contaron algunas cosas que confirmaban lo que yo había escuchado alguna vez.”
Juan no duda. A esta altura de los hechos está convencido que el lugar fue un centro de tortura y desaparición  clandestino “a medio camino entre la Seccional 3ª, que estaba integrada al Circuito Camps,  y la fábrica militar de Osorio y la ribera del Riachuelo.
“Había que ir despacio para lograr los testimonios y las pruebas, escarbar y hablar con muchos vecinos, relacionar hechos y sacar conclusiones. Pero el proyecto inmobiliario era inminente y su ejecución podía destruir lo que hubiere allí, es caso de confirmarse todos estos dichos. Por eso nuestra urgencia en que el Estado tomase intervención y comenzara a investigar. Fuimos al CELS y el organismo lo presentó a la justicia pero el juez Daniel Rafecas  lo rechazó, no sabemos por qué. En  la dirección de Derechos Humanos del municipio tampoco nos dieron solución: fuimos a contar los testimonios que habíamos reunido  y nos atendió Matías Acuña -director de Derechos Humanos y miembro de la JP-  tomó nota, me preguntó para quien militaba (yo no milito ni lo hice nunca) y quedó en comunicarse con nosotros. Aún lo estamos esperando.”  
“No escuché demasiado de los organismos e instituciones de derechos humanos…”, musito, incrédula. 
“Como si no existiesen -responde- salvo la platense”. Y continúa el relato: “por eso decidimos ir a la Comisión Provincial por la Memoria”. Allí prestaron atención a los testimonios y elevaron el tema a la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata que dio la cautelar por 30 días para que no se hiciera la remoción de tierra ni se destruyesen los edificios hasta que Antropología Forense investigara el predio. “Pero se cumplieron los plazos la semana pasada y nadie había investigado nada, así que por suerte la Cámara dio una prórroga de treinta días más.  El juez Leopoldo Schifrin  estuvo en el lugar e hizo un ocular. Mientras tanto los vecinos fueron a dar su testimonio a la justicia y son para tener en cuenta: una alumna de la escuela contó que vio helicópteros aterrizando ahí y que encontraba ropa nueva, tirada en la calle, en la ruta de su vuelta a casa en algún regreso tardío en la madrugada. Un profesor contó que en los ’70 encontró un cráneo en los terrenos, dos profesoras encontraron sendos cráneos entre 1980 y 1983, otro indicó que veía militares apostados en el portón central. Un antropólogo que hacía otro tipo de investigaciones en los terrenos de la ex Campomar  repite el testimonio de vecinos que encontraron impactos de bala en paredes de la ex fábrica. En 1984 encontraron una picana, precintos para amarrar y un esqueleto. Hay pozos en derredor del edificio, hay túneles, baños incendiados y en el primer piso un muro que no tiene nada que ver con la construcción original, ventanas tapiadas y el marco de una puerta de por lo menos 15 cm. de espesor. Al principio sólo quería saber si podría haber ocurrido. Saqué fotos de todo lo que pude. Ahora yo estoy convencido que ocurrió porque entré al lugar dos veces, observé lo que me señalaban estos vecinos y los testimonios cierran”.
“¿Entonces?”, le pregunto, mientras su certeza me pega como una cachetada. “Entonces espero que la Justicia investigue como corresponde y encuentre las pruebas que necesita. Por allí para los jueces  lo que hallen no es suficiente pero yo no tengo dudas”.
Me mira fijamente a los ojos mientras yo jugueteo, nerviosa, con el cable de mis auriculares. No lo interrumpo. Hay vecinos que nos están escuchando por la radio y estoy consciente de las sensaciones  que seguramente se despiertan en algunos  de ellos. Nuevamente y sin condiciones, el horror.