por Marta Santos
La sesión del viernes 5 presentó dos debates: Uno fue la autorización para que se paguen $52.000 a la Universidad de General Sarmiento por haber capacitado a los funcionarios que llevan adelante el proyecto de participación comunitaria en el distrito, que había logrado el dictamen favorable de la comisión. Y el otro, la aprobación del convenio de ayuda por $6 millones para clubes de barrio y sociedades de fomento para ser empleados en obras de infraestructura, que logró inclusión y tratamiento sobre tablas.En el primero de estos expedientes las primeras objeciones las presentó Carlos Folino, quien objetó que no estaba de acuerdo en que se hubiesen comprometido $52.000 para la capacitación de funcionarios -que son quienes llevan adelante en proyecto de presupuesto participativo en el distrito- con la Universidad de General Sarmiento, ubicada en Los Polvorines, partido de Malvinas Argentinas. “¿Por qué se buscó una universidad a 33 kilómetros de Lanús?”, preguntó, aclarando que en el distrito hay profesionales capacitados y una casa de altos estudios que hubiera podido realizar esa capacitación.
Jorge Montero aclaró que aquella universidad tiene un trabajo muy interesante sobre el tema y que había que aprovechar esa experiencia que había sido exitosa. También aseveró que
ese expediente se había tratado varias veces en comisión y que se había accedido a todas las peticiones que formulara Folino sobre corregir algunas falencias, a lo que el edil radical replicó que debía ser así porque “el decano no tenía autoridad para firmar el convenio” y que por eso lo había objetado pero que, precisamente, el momento de tratar el expediente fue cuando se hizo la addenda que corrigió el error. El tratamiento se habría producido en una reunión de comisión en la que el concejal no estuvo presente “porque no es habitual que las reuniones se hagan en la semana que no hay sesión”.
Stella Maris García hizo notar que “hace años nosotros presentamos propuestas para la implementación del presupuesto participativo pero se mandaron a archivo”, recordando que su bloque fue el que inició la demanda de implementación del proyecto (cuando Paola Rezano era concejal por Libres del Sur, lugar al que renunció y ahora está a cargo del proyecto, con nombramiento en el ejecutivo). María La Rosa se opuso porque “con los pocos recursos que hay no se debe malgastar” y que “pasa lo mismo que con el centro cultural: el ejecutivo se compromete a pagar algo antes de que pase por el HCD. Estos gastos deben pasar por el concejo antes de firmar los convenios”, Jorge Schiavone indicó que “en Lanús tenemos personal capacitado para desarrollar ese programa” y Heriberto Deibe expresó que no entendía “por qué se hace un convenio para aprobar lo que ya estamos implementando”. Emiliano Bursese señaló que “el convenio es para dar charlas a quienes lo iban a implementar. ¿Se destinan $200.000 para cada barrio y se pagan $52.000 para una evaluación que no está?”.
La defensa la tomó Luciana Agustavicius que aclaró que este expediente es “para pagar a capacitación que ya se hizo. No teníamos experiencia”. Recordó que el año pasado se implementó por primera vez “y las obras votadas por los vecinos se están haciendo”. También aclaró que “este año se amplió el presupuesto y es de $300.000 para cada obra”. La Rosa cuestionó: “nadie sabe cómo se eligieron esos proyectos porque se llevaban las urnas a su casa”.
Por itra parte, el expediente 309/13 autorizó la firma de convenios con clubes y sociedades de fomento para obras de infraestructura en esas instituciones. Los cuestionamientos tuvieron que ver con el criterio con que se seleccionaron los 46 beneficiados, siendo que hay pequeños clubes barriales que necesitarían las obras y no integraron esa lista. El financiamiento es del gobierno nacional y se irían pagando contra la presentación del certificado de obra. Montero aclaró que estas 46 instituciones -40 clubes y 6 sociedades de fomento- son las que se anotaron y tienen toda la documentación en regla y que hay otras que “deben trabajar sobre esa documentación. Cuando la presenten, pueden ser incorporados a este programa”. Cuando Deibe señaló que hay clubes a los que les cuesta llevar adelante “todos sus papeles” y que el municipio “debería ayudarlos” o prestarles asesoría, Daniel Píccolo anunció que “estamos trabajando con Folino en un expediente para modificar algunas condiciones” y que así les sea más fácil ingresar a este convenio.
Lo raro del caso es que un plan que debería ayudar con dineros públicos a cliubes de barrio, aparece subsidiando a Lanús y a Talleres (foto).
Los expedientes sobre la nueva traza del paseo 9 de Julio -entre 29 de Setiembre y Córdoba- y la solicitud del envío de los pliegos de licitación de la recolección de residuos y el barrido tomaron estado parlamentario y pasaron a comisión. Es probable que este pedido oficial -si se aprueba- logre que el ejecutivo envíe finalmente esos pliegos y pueda tratarse definitivamente la autorización para el llamado a las licitaciones, ya que los contratos que están en vigencia vencen en agosto, y son prórroga del que se formalizó anteriormente.
Otro de los expedientes aprobados fue el de la declaración de beneplácito por la presentación en la Cámara de Diputados provincial de un proyecto de la legisladora Karina Nazábal para la expropiación de un inmueble en la calle Deheza entre Bustamante y Camino Belgrano, con destino a seccional policial. Salvador Baratta hizo notar que él presentó un proyecto similar sobre el mismo predio días antes del tratamiento en la cámara baja, con destino a un destacamento policial, pero no lo trataron y ahora (en esta misma sesión) se envió a archivo. “Me hubiera gustado que me dijeran, cuando presenté mi proyecto, que ya estaba en Diputados”, reclamó el concejal. Montero aclaró que estaba adelantado el destino “para una comisaría” y están avanzadas las gestiones al respecto.
Los expedientes mencionados se aprobaron por mayoría. Estuvieron ausentes los concejales Gabriel Di Masi, Susana Arce y Mabel Gagino.
