por Ricardo Somoza*
La inseguridad exige decisiones, responsabilidades y resultados.
Una
comunidad empieza a perder demasiado cuando el miedo modifica sus hábitos.
Cuando un vecino duda antes de sacar el auto, mira alrededor antes de abrir la
puerta de su casa o siente que regresar de noche representa un riesgo, la
inseguridad deja de ser solamente una estadística: condiciona su libertad y su vida cotidiana. Esa preocupación está presente en los distintos barrios de Lanús y merece ser atendida con seriedad. Quienes conducen el municipio, encabezado por el intendente Julián Álvarez, y quienes tienen la mayor responsabilidad en el área de seguridad deben explicar con claridad que estrategia se está aplicando para prevenir el delito y cuáles son sus resultados concretos.
En ese contexto aparece el debate sobre una policía local. La propuesta merece un análisis profundo, porque no basta con sumar uniformes o móviles para resolver un problema complejo. Una fuerza destinada a intervenir frente a situaciones de riesgo necesita capacitación, logística, comunicaciones, equipamiento, elementos de
protección y recursos adecuados para cumplir eficazmente su función.
Por eso, corresponde preguntarse si, antes de crear o ampliar una nueva estructura municipal, no debería concentrarse en el esfuerzo en una mejor coordinación con la Policía de la Provincia de Buenos Aires y en reforzar una presencia preventiva eficaz en todo el distrito. También es legítimo preguntar cuánto costaría una policía municipal, como se financiarían sus salarios, equipamiento y capacitación, y que garantías existen de que esa inversión se traduzca efectivamente en mayor seguridad para
los vecinos.Las experiencias de otros distritos pueden servir como referencia, pero no como recetas que puedan trasladarse automáticamente. Lanús tiene una realidad propia y su cantidad de habitantes, su densidad urbana y las características de sus barrios exigen un diagnóstico específico y una política de seguridad diseñada para sus necesidades. Por eso las comparaciones con municipios como Ezeiza deben realizarse teniendo en cuenta esas diferencias.
El vecino no debería resignarse a incorporar el miedo en su rutina. Tampoco debería conformarse con anuncios o explicaciones cada vez que ocurre un nuevo hecho de inseguridad. Tiene derecho a exigir planificación, prevención, presencia en las calles, coordinación entre las distintas jurisdicciones y rendición de cuentas sobre los recursos destinados a seguridad.
Este reclamo no debería pertenecer a un partido político ni convertirse en una disputa entre oficialismo y oposición, Es un reclamo mucho más básico: poder vivir, trabajar, circular y regresar a casa sin sentir que en cualquier momento se puede ser víctima de un delito.
Las autoridades tienen la responsabilidad de escuchar este reclamo y realizar acciones concretas. Los vecinos necesitan saber que se está haciendo, con qué recursos, bajo qué planificación y con qué resultados. Porque cuando la comunidad comienza a considerar normal vivir con miedo, el problema ya es demasiado grave. La inseguridad no puede naturalizarse. Lanús necesita respuestas, prevención y resultados. Y sus vecinos tienen derechos a exigirlos.
(*) Ex candidato a intendente
