por Aurelio Nicolella*
En medio de
versiones aún no confirmadas sobre posibles armados electorales de cara a 2027,
entre ellas, la hipotética confluencia entre Axel Kicillof y Myriam Bregman, el
foco vuelve a posarse sobre uno de los principales desafíos de la provincia de
Buenos Aires: la inseguridad. Axel Kicillof hace unos días encabezó un acto en
la ciudad de Buenos Aires en el que buscó mostrar volumen político y proyectar
su figura más allá del territorio bonaerense. El evento reunió a dirigentes,
militantes y referentes del espacio, en una señal de construcción hacia el
escenario electoral de 2027. Durante su intervención, el gobernador hizo eje en
la situación económica y en las críticas al gobierno nacional, reforzando un
discurso centrado en la confrontación política. La actividad fue leída por
distintos sectores como un movimiento dentro de la interna y una demostración
de posicionamiento en el plano nacional.
Distintos sectores del conurbano bonaerense registran reclamos reiterados por la falta de patrullaje, la escasa presencia preventiva y demoras en la respuesta ante hechos delictivos. Vecinos de zonas periféricas señalan que la frecuencia de delitos como robos, entraderas y arrebatos mantiene niveles de preocupación sostenidos, mientras crece la percepción de vulnerabilidad. Desde la gestión provincial, el abordaje del problema ha estado acompañado por explicaciones vinculadas a factores estructurales y a la evolución de indicadores estadísticos. Sin embargo, especialistas en seguridad advierten que la lectura de los datos no
siempre logra traducirse en mejoras concretas en el territorio, especialmente en áreas con menor cobertura operativa. En paralelo, analistas políticos coinciden en que la discusión sobre eventuales fórmulas electorales resulta, por ahora, prematura. En particular, la mención de una posible alianza entre espacios con diferencias ideológicas marcadas, como el peronismo y la izquierda, aparece más ligada a especulaciones que a definiciones reales dentro del tablero político.Respecto a la
figura de Myriam Bregman, su trayectoria ha estado centrada en el ámbito
legislativo y en la defensa de posiciones políticas vinculadas a derechos
humanos y reclamos sociales. En ese marco, algunos observadores señalan que un
eventual salto a roles ejecutivos implicaría el desafío de trasladar esos
planteos a políticas de gestión concretas, especialmente en áreas complejas
como la seguridad pública.
Así, mientras el
escenario electoral aún se encuentra abierto y sin definiciones claras, la
demanda social por respuestas efectivas frente a la inseguridad continúa
ocupando un lugar central. Para buena parte de la ciudadanía, más allá de los
nombres que puedan surgir en futuras candidaturas, la prioridad inmediata sigue
siendo la capacidad de las autoridades para garantizar condiciones básicas de
protección y presencia estatal en el territorio.
