por Martín E. Slavec*
Resulta llamativo –por no decir irónico– leer al concejal Emiliano Bursese, exigiendo la declaración de emergencia en discapacidad y denunciando lo que define como un "desmantelamiento sistemático" del sistema de protección, apuntando contra recortes y colapsos en las prestaciones. Cabe recordar que el propio Bursese ocupó el cargo de secretario de Desarrollo Social de Lanús y fue, además durante varios años, presidente de la Comisión de Políticas Sociales y de la entonces denominada "Personas con Capacidades Diferentes". Justamente, esa denominación errónea fue mantenida bajo su gestión, a pesar de que desde el año 2008 la ley 26.378 –que aprueba la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad– establece de forma clara el uso del término correcto: Personas con Discapacidad. Ni como Secretario ni como presidente de esa comisión advirtió que el nombre era inadecuado. Fue necesario que otros espacios le señalaran la omisión y exigieran el cambio. La ordenanza que finalmente modificó la denominación fue firmada recién en marzo de 2022, 14 años después de que la norma estuviera vigente y luego de años de inacción de varias gestiones que administraron.
Lo que hoy se presenta como una defensa vehemente, contrasta con una prolongada omisión en aspectos básicos del marco legal que rige los derechos de las personas con discapacidad. Resulta legítimo preguntarse si se puede exigir con autoridad aquello que no se supo garantizar cuando se tuvo la responsabilidad de hacerlo.
(*) Del partido Principios y Valores
