El proyecto indica que su objetivo es “la protección de los bienes públicos de titularidad municipal y de todas las instalaciones y elementos que forman parte del patrimonio urbanístico, natural y arquitectónico del término municipal de Lanús frente a las agresiones, alteraciones y usos ilícitos de que puedan ser objeto”
Establece que las medidas de protección reguladas en esta ordenanza se refieren a los bienes de servicio o uso públicos de titularidad municipal, tales como bulevares, calles, plazas, paseos, parques y jardines, puentes y pasarelas, túneles y pasos subterráneos, estacionamientos, fuentes y estanques, bancos, farolas, elementos decorativos, señales viales, árboles y plantas, contenedores y papeleras, vallas, señales de tránsito y demás bienes de la misma o semejante naturaleza. También están comprendidos los edificios públicos y todas sus dependencias interiores y exteriores (patios), centros culturales, colegios públicos, centros de salud, guarderías infantiles, instalaciones deportivas, cementerio e instalaciones provisionales o efímeras que se ejecuten con motivo de la celebración de algún acto o festividad.
Indica que serán responsables “las personas físicas o jurídicas que, aun a título de simple inobservancia, causen daños en el dominio público u ocupen bienes sin título habilitante o lo
utilicen contrariando su destino normal o las normas que lo regulan, serán sancionadas con una multa cuyo importe se determinará por el órgano competente, con independencia de la reparación del daño y de la restitución de lo usurpado. En el supuesto de que los autores de tales hechos sean menores de edad o concurra en ellos alguna causa legal de inimputabilidad, responderán por ellos los padres, tutores o quienes tengan la custodia legal.”
Incluye también a los organizadores de actos públicos, espectáculos, manifestaciones, etcétera, como responsables de la suciedad o deterioro de elementos urbanos o arquitectónicos que se produzcan.
Para la graduación de la sanción a aplicar, dentro de los límites establecidos en esta ordenanza, se tendrán en cuenta la cuantía del daño, el beneficio obtenido por el infractor, así como su reincidencia y circunstancias personales y económicas. Las personas sancionadas deberán reparar el daño ocasionado o pagar por su reposición y además cubrir pecuniariamente el monto de la sanción impuesta.
El proyecto deberá tomar estado parlamentario en la próxima sesión.
Marta Santos
